El Pentágono aprobó enviar hasta 600 abogados militares para actuar como jueces de inmigración temporales, una respuesta a los casi 3.5 millones de casos acumulados en los tribunales migratorios.
La decisión, sin embargo, desató críticas en el Senado, donde demócratas advierten que la medida podría difuminar los límites entre funciones militares y civiles. Más allá de la urgencia por desahogar las cortes, el plan enfrenta preguntas legales —desde su encaje en el Posse Comitatus Act hasta su impacto en el sistema judicial militar— y políticas, porque mezcla dos áreas tradicionalmente separadas: seguridad nacional y justicia civil.
MUCHO EN JUEGO
La Posse Comitatus Act se mete en el escenario. Esta ley, aprobada en 1878, prohíbe usar a las Fuerzas Armadas para aplicar la ley dentro de Estados Unidos salvo en casos excepcionales autorizados por el Congreso. El plan del Pentágono pondría a abogados militares a ejecutar decisiones administrativas bajo la autoridad del Fiscal General, algo que los senadores califican como “inherentemente policial” y potencialmente ilegal.
- Control civil vs. militar. Según la carta de 12 senadores demócratas, los abogados militares actuarían bajo “el mando y control” del Departamento de Justicia, no del Pentágono. Esa subordinación civil directa no tiene precedentes en el contexto judicial y podría abrir disputas sobre separación de poderes y competencias.
- Impacto en la justicia militar interna. Los abogados en cuestión no son administrativos, son jueces defensores y fiscales en cortes marciales, y sostienen las reformas aprobadas en 2022 que quitaron a los comandantes la potestad de decidir sobre delitos graves. Reasignarlos puede frenar procesos internos, comprometer derechos de víctimas y debilitar el nuevo sistema de Consejos Especiales de Juicio.
- Precedentes de uso militar en funciones civiles. El gobierno de Trump ya desplegó la Guardia Nacional en ciudades y envió tropas activas a la frontera. La diferencia es que ahora no se trata de “apoyo logístico” sino de una función judicial directa. Eso podría interpretarse como un paso más allá del uso tradicional del ejército en temas migratorios.
- Capacitación insuficiente para jueces migratorios. El puesto requiere semanas de formación intensiva, mentoría y un periodo de prueba de dos años. Exjueces advierten que seis meses no bastan para aprender derecho migratorio ni para manejar miles de casos anuales con traductores y procedimientos complejos. Sin experiencia, se pone en riesgo la calidad y la imparcialidad de los fallos.
MUCHO VACÍO
El memo del Pentágono reconoce la posibilidad de conflicto legal con el Posse Comitatus Act y delega al Departamento de Justicia la responsabilidad de garantizar que no se viole la ley. Sin embargo, no aclara de dónde saldrán exactamente los 600 abogados ni cómo se cubrirán las vacantes que dejen en el sistema militar.
