La Cámara de Representantes aprobó esta semana dos proyectos de ley que buscan modificar de manera significativa el sistema judicial y policial en Washington, DC. Una de las medidas amplía la autoridad de los oficiales para realizar persecuciones en automóvil, mientras que la otra elimina la Comisión de Nominaciones Judiciales, otorgando al presidente mayor control en la selección de jueces locales.
Más margen para persecuciones policiales
El proyecto de ley sobre persecuciones fue impulsado por el republicano Clay Higgins, exoficial de policía de Luisiana. La iniciativa busca devolver a los agentes la facultad de decidir en segundos si deben perseguir a un sospechoso, sin las actuales restricciones que solo lo permiten en casos de delitos violentos. Higgins argumentó que los policías deben tener la opción de actuar con rapidez para detener criminales.
Sin embargo, demócratas como Glenn Ivey, congresista de Maryland y exfiscal del condado de Prince George’s, advirtieron sobre los riesgos. Recordó un caso en el que una persecución a más de 100 millas por hora terminó en un accidente mortal en la Capital Beltway.
“Las persecuciones pueden ser mortales no solo para los sospechosos y policías, sino también para inocentes”, señaló.
La votación mostró cierto apoyo bipartidista: 29 demócratas se unieron a los republicanos para aprobar la medida con un resultado de 245 a 182.
Poder presidencial sobre los jueces de DC
El segundo proyecto elimina la Comisión de Nominaciones Judiciales, que por más de 50 años recomendó candidatos a jueces para el Tribunal Superior de DC. Con el cambio, el presidente de Estados Unidos tendría el poder de nombrar directamente a los jueces, con la confirmación del Senado, siguiendo el modelo de jueces federales.
Los republicanos, como el congresista Pete Sessions de Texas, defendieron la propuesta diciendo que la comisión “no funciona” y limita indebidamente la autoridad presidencial. Además, argumentaron que la falta de jueces —actualmente hay 11 vacantes— entorpece los procesos judiciales y la lucha contra el crimen en la capital.
Por su parte, la delegada de DC, Eleanor Holmes Norton, denunció que esta medida ataca la autonomía de los residentes de la ciudad.
“Ningún estado de Estados Unidos permite que el presidente designe directamente a jueces locales. Es un intento de arrebatar poder a 700,000 residentes”, advirtió el congresista demócrata Robert Garcia.
La votación fue estrictamente partidista: 218 republicanos a favor frente a 211 demócratas en contra.
Más allá de la seguridad: un debate sobre autonomía
Estas medidas se suman a un paquete más amplio de proyectos republicanos que buscan revertir leyes locales sobre justicia juvenil y sentencias, con el argumento de combatir la criminalidad. Para los líderes de DC, sin embargo, el problema es que el Congreso está debilitando el derecho de la ciudad a gobernarse a sí misma.
Un editorial de Washington Post criticó duramente la intervención del Congreso, advirtiendo que se trata de un patrón de imposiciones federales que no se aplicarían en ninguna otra ciudad del país. El texto subraya que los residentes de DC, que no tienen voto en el Congreso, son los que terminan perdiendo en esta pugna política.
Ambos proyectos ahora deben ser considerados en el Senado, donde su futuro es incierto. Mientras tanto, la alcaldesa Muriel Bowser, el presidente del Concejo Phil Mendelson y el fiscal general Brian Schwalb testificarán ante el Comité de Supervisión de la Cámara para exponer sus esfuerzos en materia de seguridad pública y defender la autonomía de la ciudad.
