La cancelación se está saliendo de control.
Jimmy Kimmel fue sacado del aire tras sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk, pero su suspensión abrió un debate mucho más grande que él. ¿Estamos viendo cómo la cancel culture se convierte en política de Estado? El presidente Trump celebró la salida del comediante, mientras el presidente de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, presionaba públicamente a ABC para que actuara contra Kimmel.
Hasta aquí, nada informal. La única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gómez, acusó al gobierno de weaponizing a la agencia.
Welcome to 1984. pic.twitter.com/RG2TBDG1Np
— Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) September 18, 2025
Vamos al punto. Aquí, lo más importante no es el despido de un presentar de late night. Lo más importante es que un organismo regulador que no tiene autoridad legal para censurar contenido esté enviando amenazas a las cadenas. Gómez advirtió que “el estándar para revocar una licencia es altísimo y por eso casi nunca se hace”, pero reconoció que el mero “riesgo” ya intimida a las empresas, cuyos permisos de transmisión valen millones. En pocas palabras: la presión, aunque no se concrete en sanción, ya tiene efecto.
Incluso dentro del Partido Republicano hay voces que advierten del peligro. Karl Rove calificó de “equivocado y peligroso” usar el asesinato de Kirk para justificar represalias contra rivales políticos. Mike Pence insistió en que “solo una persona es responsable” del crimen. El contraste es claro: mientras figuras conservadoras hablan de “venganza”, otras piden bajar el tono.
¿El resultado? Un clima en el que cualquier comentario —de un periodista, un piloto de aerolínea o un humorista— puede convertirse en motivo de despido, investigación o señalamiento.
Lo que se dice es que esto es cancel culture en acción. Lo que no se dice es que, cuando el gobierno participa activamente en presionar a empresas privadas, no estamos solo ante la cancelación en las redes, sino ante un uso peligroso del poder público. ¿Es posible proteger a la vez la libertad de expresión y la responsabilidad social sin caer en la censura encubierta?
