Lo que empezó como una estrategia para asegurar la frontera terminó pareciéndose a un experimento estatal de inmigración. Operation Lone Star nació bajo la administración de Joe Biden como el plan estrella de Texas para frenar cruces migratorios, pero cuatro años después se transformó en una máquina de detenciones con sabor a Lone Star 2.0. Ahora, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y sin frenos federales, Texas asumió un papel que la Constitución reserva al gobierno federal: arrestar y procesar migrantes.
UN ESTADO POLICIAL
Este año, el Texas Department of Public Safety (DPS) ha detenido a más de 3,100 personas, incluso lejos de la frontera, en ciudades como Austin y Houston. Mientras el gobernador Greg Abbott presume números récord y envíos de inmigrantes a ciudades demócratas, los costos se disparan y los críticos hablan de un “estado policial migratorio”.
- Más que una política fronteriza. Operation Lone Star comenzó como una iniciativa para frenar el tráfico de drogas y personas en la frontera, pero con Lone Star 2.0 el DPS se convirtió en una fuerza de inmigración paralela. Casi 700 de las 3,131 detenciones de este año se ejecutaron en ciudades del interior, lo que marca un giro: ya no es solo un border thing, sino un despliegue masivo en todo Texas.
- Transformación del DPS y sus riesgos. Tradicionalmente, la agencia se enfocaba en seguridad pública y tráfico. Ahora dedica gran parte de sus recursos a aplicar leyes migratorias, un rol que abogados como Pedro López consideran peligroso: “sin supervisión, los agentes pueden ser demandados por violar derechos civiles”. Para los críticos, convertir a la policía estatal en “mini ICE” erosiona la confianza ciudadana y pone en riesgo la seguridad pública.
- Un presupuesto gigante con resultados cuestionados. Desde su inicio, la operación ha costado cerca de $11 mil millones, el monto es más del doble del presupuesto anual habitat que usa el estado para su sistema universitario público. Y también supera el presupuesto combinado que Texas asigna a subsidios de vivienda, desarrollo comunitario rural y atención médica infantil. Organizaciones como la ACLU señalan que la mayoría de los arrestos son por delitos menores y acusan al programa de crear un sistema “separado y desigual” sin suficiente supervisión judicial.
MÁS QUE NÚMEROS
En sus dos primeros años, Operation Lone Star produjo 340,000 detenciones de inmigrantes, más de 23,000 arrestos por delitos penales y la incautación de 355 millones de dosis de fentanilo. Más que cifras récord, la operación refleja un cambio profundo: la frontera ya no está solo en el mapa, sino en cada calle de Texas donde el DPS actúa como agente migratorio.
Con Lone Star 2.0, Texas ha cruzado una línea difusa entre política estatal y jurisdicción federal. Para sus defensores, es una respuesta necesaria ante la “inacción de Washington”; para sus críticos, un laboratorio costoso que erosiona derechos civiles, criminaliza comunidades y sienta precedentes para que otros estados copien el modelo.
