Por Matt Tuerk, alcalde de la ciudad de Allentown
Muchas familias puertorriqueñas llegaron a la ciudad de Allentown a finales de 2017 y durante 2018, cargando maletas y dolor en igual medida. El huracán María había destruido sus hogares, matado a sus vecinos y dejado a la isla sin electricidad durante ocho meses. Vinieron a nuestra ciudad porque el cambio climático había vuelto inhabitable su tierra natal.
Hoy forman parte de los 34,000 puertorriqueños que llaman hogar a nuestra ciudad, lo que convierte a Allentown en la octava comunidad puertorriqueña más grande de Estados Unidos y en la tercera población latina más grande de Pensilvania. Los latinos en general—ya sean puertorriqueños, dominicanos, hondureños, mexicanos o salvadoreños—no se dejan engañar sobre el cambio climático. Saben cómo suenan los vientos de 185 millas por hora, lo que se siente vivir meses sin electricidad y lo que significa cuando el gobierno no te protege ante una catástrofe ambiental. Ellos han enterrado a familiares que murieron por desastres climáticos.
Por eso los recientes ataques a las políticas climáticas federales nos afectan profundamente, y por eso, como el primer alcalde latino de una ciudad mayoritariamente latina, estoy alzando la voz para proteger a mis residentes.
La Determinación de Peligro de la EPA—la conclusión de 2009 de que los gases de efecto invernadero amenazan la salud pública—otorga al gobierno federal tanto la autoridad como la obligación de protegernos de la contaminación por carbono bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). Sin ella, perdemos la base legal para los estándares de contaminación de vehículos y plantas de energía que afectan directamente la calidad del aire en los vecindarios donde juegan los hijos de estas familias, además de impulsar el cambio climático que hace que el clima extremo sea más intenso y frecuente.
Esto no es una política abstracta para las familias puertorriqueñas y latinas de Allentown. Muchas trabajan en transporte, almacenamiento, agricultura, construcción y manufactura—sectores donde la mala calidad del aire y el calor extremo amenazan su salud a diario. Muchas viven donde la contaminación de los escapes de las autopistas cercanas se asienta en los parques infantiles de sus hijos. Para ellas, las protecciones climáticas federales no son lujos; son medidas básicas de salud.
Las implicaciones económicas también son reales. Después del huracán María, la economía de Puerto Rico colapsó no solo por los daños del viento, sino porque el desastre climático destruyó la infraestructura básica—las redes eléctricas, los sistemas de agua y las redes de transporte—que el comercio moderno necesita para funcionar.
Aquí en el Valle Lehigh hemos logrado atraer empresas de energía limpia que ofrecen empleos bien remunerados a los residentes, incluyendo muchas familias puertorriqueñas y latinas. Estas empresas decidieron invertir en nuestra comunidad en parte porque las políticas climáticas federales brindaron certeza al mercado para el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, debilitar la autoridad climática de la EPA y reducir las inversiones en energía limpia envía un mensaje claro: que nuestro gobierno federal no está interesado en abordar el cambio climático ni en ofrecer soluciones a la contaminación que está haciendo que el clima extremo sea más severo, más costoso y mortal.
El problema de fondo no es solo económico—es también moral. Las familias puertorriqueñas no eligieron convertirse en refugiados climáticos: fueron obligadas a abandonar sus hogares por la misma contaminación de combustibles fósiles que aún contamina el aire en sus nuevos vecindarios. Vinieron en busca de protección de un gobierno que tome en serio la ciencia climática.
Pero los gobiernos locales no pueden resolver el cambio climático por sí solos. Aunque Allentown impulsa iniciativas de sostenibilidad y lidera acciones frente al problema, necesitamos socios federales comprometidos con acciones basadas en la ciencia. La Ley de Aire Limpio ha reducido contaminantes dañinos durante más de 50 años, y la Determinación de Peligro garantiza que esta ley histórica enfrente la mayor amenaza ambiental de nuestra era.
He visto a estas familias reconstruir sus vidas en nuestra ciudad. Han encontrado trabajo estable, inscrito a sus hijos en escuelas locales y contribuido a nuestra economía. Allentown se sentiría incompleto sin sus residentes latinos. Ellos merecen líderes y políticas que reconozcan la realidad que han vivido y que protejan a su comunidad de los mismos desastres ambientales que los obligaron a abandonar su tierra.
Estos refugiados climáticos ya han pagado el precio por décadas de la inacción climática. No podemos abandonarlos otra vez.
