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¿Y la separación de poderes?

Photo by Adam Michael Szuscik / Unsplash

La Corte Suprema le dio luz verde a la administración para retener $4 mil millones de ayuda exterior aprobados por el Congreso. Lo que suena a un simple ajuste presupuestal, en realidad abre un debate sobre los límites del poder presidencial y el rol de los legisladores en el control del gasto público. Mientras los jueces conservadores priorizan la “conducta ejecutiva en asuntos exteriores”, los liberales advierten que el caso es territorio inexplorado y que la decisión puede redefinir la separación de poderes. 

En pocas palabras: no es solo dinero, es quién decide qué se hace con él.

El precedente judicial. La decisión se suma a una serie de 20 solicitudes de emergencia aprobadas a Trump desde enero. Esto incluye desde poderes para imponer aranceles sin consultar al Congreso hasta intentos de despedir miembros de agencias independientes. La velocidad y frecuencia de estas decisiones deja a los tribunales en terreno desconocido, obligándolos a equilibrar autoridad presidencial y control legislativo.

El contexto legal. La administración invoca el proceso de “rescisión” para retener fondos, un mecanismo que no se usaba desde hace casi 50 años. Originalmente, el Impoundment Control Act de 1974 limitaba estos movimientos para evitar que un presidente impidiera el gasto aprobado por el Congreso. Ahora, la Corte está evaluando si Trump puede reinterpretarlo y ampliar el poder ejecutivo, dejando a la legislación de control presupuestario en una especie de limbo.

Lo otro que no se dice: el impacto global. Los $4 mil millones de ayuda internacional no son solo cifras, financian programas de salud, acceso al agua y prevención de enfermedades. Si se retienen, no solo se cuestiona la autoridad presidencial, sino también la capacidad de Estados Unidos de cumplir compromisos internacionales.

Un experimento de poder: Desde que asumió el cargo, Trump ha empujado a los tribunales a definir límites que nunca antes habían sido puestos a prueba. Cada fallo y cada emergencia judicial no solo afecta su mandato, sino que crea un mapa de cómo futuros presidentes podrían usar —o abusar— del poder ejecutivo. ¿Cuánto poder concentrado es demasiado, y quién decide dónde trazar la línea?

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