El gobierno decidió cortar la financiación al Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency, ese organismo que coordina a los 72 inspectores generales federales y que funciona como “la red” que conecta y respalda a los distintos vigilantes del gobierno. Sin fondos, el consejo anunció que suspenderá funciones clave, despedirá a 25 empleados y cerrará herramientas como oversight.gov, donde se publican reportes y denuncias de corrupción. La medida, tomada por la Oficina de Administración y Presupuesto, llega después de años de tensiones entre la Casa Blanca y los inspectores generales, que han destapado desde fraudes hasta abusos de poder.
UN GOLPE AL SISTEMA
Más que un recorte de financiación, este es un golpe al sistema de pesos y contrapesos. Y aunque la explicación oficial habla de “limpiar corrupción interna”, lo que queda es una pregunta incómoda: ¿quién vigila cuando se apaga al vigilante de los vigilantes?
- ¿Qué es CIGIE y qué hace? El Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency existe desde 2008 y funciona como un paraguas para todas las oficinas de inspectores generales en el gobierno federal. Ofrece entrenamiento, revisiones entre agencias y coordina investigaciones que involucran a más de un organismo. Además, maneja oversight.gov, la plataforma donde ciudadanos y whistleblowers pueden consultar informes o reportar irregularidades. Sin CIGIE, cada oficina queda más aislada y con menos capacidad de trabajo conjunto.
- La decisión con consecuencias incluidas. La Office of Management and Budget notificó al Congreso que, sin fondos, CIGIE tendrá que suspender operaciones esta misma semana. Eso significa que 25 empleados serán enviados a casa y que dejarán de cumplirse funciones que por ley son parte del sistema de supervisión federal. El shutdown también pondría en pausa la supervisión del gasto de emergencia de la pandemia, un mandato que el Congreso había extendido hasta 2034.
- No sorprende, pero preocupa. La administración ya había removido o presionado a inspectores generales en al menos 19 agencias, reemplazándolos por aliados en posiciones que tradicionalmente eran apartidistas. CIGIE, además, revisaba denuncias de mala conducta contra Joseph Cuffari, inspector general del Homeland Security nombrado por Trump. Cortar fondos al consejo parece menos una cuestión de eficiencia y más un intento de limitar voces incómodas dentro del propio aparato de control.
EXCUSA BARATA
Según la OMB, los inspectores generales han perdido imparcialidad y se han convertido en actores “corruptos y partidistas”, por lo que los contribuyentes “no deben seguir financiando”. La base legal del recorte está en que parte del financiamiento de CIGIE proviene de transferencias interagenciales bajo la supervisión de OMB.
El movimiento generó resistencia incluso dentro del Partido Republicano. Los senadores Susan Collins y Chuck Grassley, ambos con historial de apoyo al oversight, pidieron revertir la medida y advirtieron que el Congreso depende del trabajo de los inspectores para ejercer su rol de supervisión. Exinspectores generales señalan que, si se elimina el CIGIE, el Congreso y la gente pierden acceso a un flujo clave de información y transparencia.
La jugada contra el CIGIE es como quitarle las pilas al detector de humo justo cuando empiezas a oler a quemado. Oficialmente es para ahorrar y evitar corrupción interna, pero en la práctica significa menos ojos mirando dónde se esconden los problemas. Y claro, siempre es más cómodo gobernar cuando nadie toma notas de lo que pasa a puerta cerrada.
