La Corte Suprema acaba de abrir un nuevo periodo judicial que promete ser un festival de decisiones clave para la agenda conservadora. En el menú: poder presidencial, tarifas comerciales, derechos trans y límites de la autoridad estatal. Es decir, el tipo de casos que pueden redefinir cómo funciona (o se quiebra) la democracia.
Con una mayoría conservadora sólida y un Trump cada vez más presente en los expedientes, los fallos de esta temporada no solo marcarán precedentes legales, sino también políticos. Porque sí, los jueces dicen que no hacen política, pero los casos que aceptan parecen opinar lo contrario.
EL MAZO SUPREMO
El tribunal tiene 39 casos agendados y un docket de emergencia que sigue creciendo con temas que van desde la redistribución electoral y el voto afroamericano en Luisiana, hasta la responsabilidad de agencias federales y derechos religiosos. Decisiones que, más allá del tecnicismo legal, podrían redibujar el mapa político del país justo antes del ciclo electoral de 2026. En la práctica, la Corte ya no solo interpreta la ley: la anticipa.
- Poder presidencial en la balanza. Uno de los grandes focos será el alcance de la autoridad ejecutiva de Trump: la Corte decidirá si sus acciones —como los aranceles impuestos bajo una ley de emergencia económica o el despido de funcionarios independientes— fueron un uso legítimo del poder o un abuso disfrazado de “seguridad nacional”. Si el tribunal falla a su favor, podría expandirse el poder presidencial más allá de los límites tradicionales. Si no, marcaría el primer gran freno institucional a su nueva administración.
- Los derechos trans y la batalla cultural. La Corte también escuchará casos sobre si los estados pueden prohibir la participación de atletas trans en deportes femeninos y si pueden vetar la llamada “terapia de conversión”. Ambos temas se han convertido en símbolos del pulso cultural del país. Los fallos podrían afectar directamente las políticas de más de veinte estados y definir el futuro de la protección de derechos LGBTQ+. Todo indica que la mayoría conservadora no tiene prisa por revertir su tendencia reciente: fallos que han limitado, más que expandido, esos derechos.
- El futuro de las elecciones y la regulación política. Otro tema clave será el financiamiento electoral: la Corte estudiará si se mantiene o se elimina una regla que impide la coordinación directa entre partidos y campañas. Una decisión a favor podría abrir la puerta a una nueva era de “dinero sin filtro” en la política. En paralelo, podrían revisar partes de la Ley de Derecho al Voto, debilitada en años recientes. En conjunto, las decisiones de este periodo podrían redefinir cómo se gana —y se compra— una elección en Estados Unidos.
- Segunda Enmienda y pena de muerte en revisión. Entre los casos más técnicos, la Corte examinará una ley de Hawái que prohíbe portar armas en propiedades privadas sin permiso, un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del derecho a portar armas. También abordará la aplicación de la pena de muerte a personas con discapacidad intelectual, buscando aclarar los criterios establecidos hace más de dos décadas. Dos temas distintos, pero con un denominador común: hasta dónde llega la interpretación literal de la Constitución cuando la vida —o la seguridad— están en juego.
¿UNA RELACIÓN DE CONVENIENCIA?
Más allá de los casos específicos, el nuevo periodo judicial muestra cómo la Corte se ha convertido en un eje de validación para las políticas de Trump. Varias decisiones recientes han reforzado su poder ejecutivo o respaldado su visión conservadora, y esta vez no parece ser la excepción.
Su equipo legal incluso ha impulsado que ciertas disputas lleguen directamente al tribunal, en busca de resoluciones rápidas. Es una estrategia que mezcla táctica jurídica y narrativa política, con la Corte como árbitro —y, en algunos casos, como protagonista.
La nueva temporada de la Corte Suprema no solo pondrá a prueba leyes, sino también la capacidad del país para sostener el equilibrio entre poder, derechos y justicia. En un escenario donde los jueces parecen influir tanto como los votantes, cada fallo tendrá implicaciones políticas inmediatas. Más que un debate jurídico, este periodo se perfila como un espejo del país: polarizado, impaciente y con instituciones que aún buscan su papel.
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