Y otra ley más regresa de las tinieblas… Donald Trump volvió a coquetear con una de las leyes más controversiales del sistema estadounidense: la Insurrection Act, una norma de 1807 que le permitiría desplegar tropas dentro del país sin permiso de los estados. Lo hizo en medio de un pulso judicial con gobernadores demócratas que bloquearon sus intentos de enviar la Guardia Nacional a ciudades como Chicago, Los Ángeles y Portland, donde asegura que el “caos y la violencia” justifican medidas extraordinarias.
Los tribunales han frenado sus movimientos, pero el presidente insiste en que, si los jueces o alcaldes lo detienen, “usará la ley para restaurar el orden”. En otras palabras: el control total de las calles.
LA VIEJA CONFIABLE
La Insurrection Act fue aprobada hace más de dos siglos para permitir que el presidente use al ejército o la Guardia Nacional en casos de rebelión, invasión o cuando las autoridades estatales no puedan mantener el orden. En la práctica, es la excepción a la norma que prohíbe a las fuerzas militares participar en tareas policiales dentro del país.
- Una herramienta rara (y peligrosa) de usar. Desde su creación, la ley se ha invocado solo en contadas ocasiones: durante la Guerra Civil, en la crisis por los derechos civiles en los años 60, y en los disturbios de Los Ángeles de 1992. En todos esos casos hubo situaciones extremas y, casi siempre, consenso con los gobernadores. Lo que plantea Trump es diferente: usarla sin el aval de los estados, lo que abriría una crisis constitucional sobre los límites del poder presidencial.
- Rebelión o protección (depende a quién le preguntes). La administración sostiene que las cortes y los líderes locales lo “frenan” en su deber de proteger al país. Sus asesores, como Stephen Miller, defienden que los manifestantes contra ICE o las políticas migratorias constituyen “una rebelión” contra la autoridad federal. Bajo esa interpretación, la Insurrection Act sería la llave legal para justificar un despliegue militar masivo en territorio estadounidense.
- Y si la invoca, ¿qué? Si Trump firmara la orden, la Guardia Nacional tendría poderes plenos de policía: podrían hacer arrestos, controlar manifestaciones y realizar operativos junto a agentes federales (algo que ya se está viendo con el envío de la Guardia Nacionales a ciertas ciudades como Chicago, Portland, DC). La medida le permitiría saltarse a los gobernadores y tomar control directo de las fuerzas estatales. Sería la primera vez en más de 60 años que un presidente usa la ley sin acuerdo local, y marcaría un precedente inquietante para la democracia.
LA NUEVA BATALLA CAMPAL
En esta guerra no hay tanques en las calles, pero sí batallas legales en los tribunales. Desde Los Ángeles hasta Chicago, Trump está probando hasta dónde puede estirar su poder. Cada despliegue de la Guardia Nacional llega acompañado de demandas, audiencias de emergencia y advertencias judiciales sobre el riesgo de borrar la línea entre gobierno civil y poder militar. Una jueza federal lo resumió sin rodeos: “Somos una nación de leyes, no de ley marcial”.
El espíritu de la Constitución es evitar que un presidente concentre poder militar sobre los ciudadanos. Los fundadores, que conocían bien los abusos del ejército británico, crearon leyes como el Posse Comitatus Act para impedir que el Ejecutivo use a los militares como policía. La Insurrection Act rompe esa barrera. Por eso, cada vez que alguien la menciona, los constitucionalistas escuchan ecos de autoritarismo.
¿El mensaje final? Es simple, en medio de unas elecciones fundamentales para mantener el control, parece que las imágenes de los soldados en las calles refuerzan la narrativa de ley y orden. Usar esa tensión como herramienta política es el nuevo mantra: mostrarse fuerte, desafiar a los jueces y recordar a su electorado que, si no lo dejan mandar, siempre puede imponer.
