Hay decisiones judiciales que no cambian la historia, pero la ajustan a conveniencia. La audiencia del caso Louisiana v. Callais parece ir en esa dirección: un intento elegante –y perfectamente legal– de vaciar de contenido la Voting Rights Act, la ley que durante 60 años protegió el voto de las minorías raciales.
Lo irónico es que la Corte Suprema ya había defendido la misma norma hace apenas dos años. Pero la memoria es corta cuando el poder es largo. Ahora, los jueces conservadores parecen dispuestos a reinterpretar la igualdad para que deje de incomodar a quienes siempre tuvieron más representación de la que les correspondía.
EL EQUILIBRIO SE INCLINA
El caso no solo redefine qué significa votar, sino quién tiene poder para decidir cómo se vota. Si la Corte Suprema limita el uso de la raza en la creación de distritos, el resultado podría ser una redistribución silenciosa pero profunda del poder político en Washington. Cada distrito perdido para los votantes negros o latinos es, en la práctica, un escaño más para los republicanos. Hasta 19 asientos de la Cámara podrían cambiar de manos, lo que bastaría para alterar el control del Congreso. Y, como suele pasar, el péndulo del poder nunca se mueve sin intención.
- Qué está en juego. Louisiana v. Callais cuestiona si la Sección 2 de la Voting Rights Act –que prohíbe prácticas electorales que reduzcan el voto de las minorías– sigue siendo válida cuando los estados argumentan que sus mapas no son racistas, sino partidistas. En un país donde la afiliación política y la raza suelen ir de la mano, esa distinción es menos jurídica que estratégica.
- El origen del caso. Tras el censo de 2020, Louisiana redibujó sus seis distritos manteniendo solo uno de mayoría negra, a pesar de que el 31 % de la población del estado es afroamericana. Un tribunal federal ordenó crear un segundo distrito, siguiendo el precedente de Thornburg v. Gingles (1986), que obliga a garantizar representación efectiva para comunidades raciales cohesionadas.
- La contrademanda blanca. Un grupo de votantes blancos impugnó el nuevo mapa, argumentando que usar la raza para crear distritos viola la cláusula de Igual Protección de la Constitución. En otras palabras: que reparar una desigualdad histórica sería, en sí mismo, discriminatorio.
- De la raza al partido. El procurador de Louisiana argumentó que el estado no discriminó por raza, sino por partido. Esa defensa es posible gracias a una sentencia previa del propio tribunal, Rucho v. Common Cause (2019), que declaró el gerrymandering político “no justiciable”. Traducido: se puede manipular el mapa mientras no se admita que el motivo es racial.
- Consecuencias potenciales. Si la Corte falla a favor de los demandantes blancos, se eliminaría la obligación de crear distritos de mayoría minoritaria y se limitaría el uso de la raza en la redistribución electoral. Sin esa protección, las minorías perderían su principal herramienta legal para impugnar mapas discriminatorios.
UN DÉJA VU JUDICIAL
En 2023, la Corte Suprema había respaldado un caso casi idéntico en Alabama, reafirmando la validez de la Voting Rights Act. Pero la decisión de volver a escuchar el caso de Louisiana (y las señales durante los alegatos) sugieren que los jueces conservadores buscan dar un giro en sentido contrario.
- Una tendencia más amplia. La posible decisión encajaría en una línea reciente de la Corte que ha debilitado protecciones raciales en otros ámbitos, como la acción afirmativa universitaria. El patrón es claro: reinterpretar la igualdad formal para vaciarla de contenido material.
Si la Corte acepta esa lógica, la VRA quedará prácticamente neutralizada. Los estados podrán reducir la representación de minorías alegando motivos partidistas, algo que la propia Corte autorizó en 2019. El impacto sería directo: más de una docena de escaños podrían pasar al Partido Republicano. Lo que empezó como un debate sobre mapas terminaría alterando el equilibrio político nacional.
