Por Rodrigo Diamanti - Activista y defensor de los derechos humanos. Fundador de Un Mundo Sin Mordaza
Venezuela está a las puertas de una nueva era. La transición democrática no bastará si el Estado continúa funcionando con las lógicas del pasado. El país que resucite después de la tormenta necesitará algo más que libertad: necesitará competencia, transparencia y resultados. Durante demasiado tiempo confundimos lealtad política con capacidad. El servicio público se llenó de improvisación y el costo lo pagó el ciudadano, en hospitales colapsados, calles rotas y sueños frustrados. La reconstrucción no puede repetir ese error: gobernar debe volver a ser una tarea profesional, no una recompensa partidista.
El nuevo Estado venezolano debe tener dos corazones complementarios: el político y el gerencial. La política representa la voluntad del pueblo; la gerencia garantiza que esa voluntad se cumpla con eficacia. En el Ejecutivo nacional, el Presidente y los ministros marcan la dirección política del país, mientras un Director Ejecutivo Nacional y Directores Ejecutivos Ministeriales, elegidos por mérito, administran la gestión técnica, los presupuestos y las metas. Cada contrato, indicador y evaluación debería ser público, y el rendimiento de los equipos medirse cada seis meses, con resultados accesibles para todos los ciudadanos. El mismo modelo puede aplicarse en los estados y municipios: un gobernador o alcalde electo compartiría la gestión con un city manager profesional, seleccionado mediante concurso público, nacional o internacional, encargado de asegurar que las políticas se ejecuten con rigor, eficiencia y transparencia. El político decide qué se debe hacer; el gerente garantiza cómo se hace. La democracia marca el rumbo; la meritocracia la hace avanzar.
Algunos dirán que pagar 300.000 dólares al año a un gerente público es excesivo. Pero si un municipio administra cientos de millones, esa cifra representa menos del 0,1 % del presupuesto. Un mal gestor puede despilfarrar mil veces más. La verdadera extravagancia no es pagar por talento, sino seguir regalando poder a la incompetencia. La profesionalización no es un lujo: es un seguro moral y económico. Los países que lo entendieron, como Ruanda, Estonia o Singapur, renacieron tras la crisis gracias a un Estado meritocrático. Venezuela puede aprender de ellos, abrir concursos internacionales, atraer experiencia y exigir transferencia de conocimiento. Cada contrato debería incluir la obligación de formar equipos nacionales para garantizar continuidad. No se trata de importar cerebros, sino de sembrar capacidad.
La corrupción se alimenta del secreto, y por eso la nueva administración pública debe ser radicalmente abierta. Todos los presupuestos y licitaciones deben ser públicos; cada obra debe mostrar su contrato, sus costos y su avance físico mediante un código QR; y cualquier ciudadano debe poder verificar, desde su teléfono, cómo se usan los recursos. Cuando el dinero se ve, la confianza vuelve. Cuando la información fluye, el poder se limpia. Y cuando rendir cuentas es la norma, robar se vuelve más difícil que cumplir.
El cambio más profundo será cultural. Gobernar no debe ser sinónimo de privilegio, sino de responsabilidad. Los nuevos gerentes públicos no buscarán aplausos, sino impacto real: agua que llega, escuelas que funcionan, hospitales que sanan, calles limpias y seguras. El Estado debe dejar de premiar la lealtad y empezar a premiar el desempeño. La eficiencia se convertirá en el nuevo lenguaje del patriotismo, porque nada honra más a la patria que un Estado que cumple lo que promete.
El futuro de Venezuela dependerá menos de quién gobierne y más de cómo se gobierne. La reconstrucción será un pacto entre política y profesionalismo, entre esperanza y método. Será el momento de asumir que pagar por excelencia es más barato que sostener la mediocridad, que traer conocimiento es más patriótico que repetir errores y que exigir resultados es la forma más pura de amar a un país. Cuando ese día llegue, la libertad dejará de ser un sueño y se convertirá en una práctica cotidiana. Y Venezuela, al fin, será un Estado que funcione, no por milagro, sino por mérito.
Rodrigo Diamanti es activista y defensor de los derechos humanos. Fundador de Un Mundo Sin Mordaza
