Por Sandra Guzmán
Durante 24 años, mis días empezaban y terminaban en los mismos edificios de Rockville, en los 1801-1803 de Research Boulevard. Antes del amanecer y mucho después del anochecer, entraba con mis llaves y mi uniforme de limpieza. Como miembro del sindicato 32BJ-SEIU, me sentía orgullosa de dejar cada pasillo, cada oficina y cada rincón impecables y seguros para quienes cruzaban esas puertas. Ese trabajo nunca fue solo un empleo; era parte de mi rutina, de mi identidad, de mi vida misma.
Con el paso de los años, muchos de los inquilinos dejaron de ser simples desconocidos y se volvieron casi como una familia. Me saludaban con calidez cada mañana y, con frecuencia, me agradecían por mi trabajo. Algunos compartían pequeños gestos, una sonrisa, una palabra amable, una taza de café, que para mí significaban todo después de una larga jornada. Su respeto y aprecio eran un recordatorio constante de que mi labor tenía valor, que lo que hacía realmente importaba.
Pero el 1 de septiembre de 2025, todo cambió.
Los dueños del edificio decidieron cambiar de contratista de limpieza y entregaron el contrato a una empresa con sede en Virginia, K&S Management. En lugar de cumplir con la ley y mantenernos a los ocho trabajadores que habíamos estado allí durante años, K&S se negó a contratarnos. Así, de un día para otro, después de décadas de servicio, nos quedamos sin trabajo. Sin aviso previo, sin ingresos y sin la protección de nuestro sindicato.
Esto no solo es injusto, sino que es ilegal. El condado de Montgomery tiene una ley llamada Ley de Protección para Trabajadores Desplazados (Displaced Workers Protection Act), que exige que los nuevos contratistas retengan al personal de limpieza ya empleado cuando un edificio cambia de proveedor de servicios. Esa ley se creó precisamente para evitar lo que me pasó a mí y a mis compañeros: que personas trabajadoras pierdan su sustento de un día para otro, sin haber cometido ninguna falta y después de décadas de servicio.
El impacto en mi vida ha sido devastador. Tengo cuatro hijos, tres de ellos aún en la escuela, y cada mes me enfrento a la angustia de cómo pagar la renta, los servicios y poner comida en la mesa. Mi esposo, que recientemente fue operado, no ha podido trabajar. En cuestión de una noche, mi familia pasó de tener cierta estabilidad a vivir con la incertidumbre y el miedo constante de no saber cómo saldremos adelante.
Antes de todo esto, gracias a mi sindicato, tenía seguro médico, días de vacaciones, bajas por enfermedad y un salario justo de $20.40 dólares por hora. Tenía cobertura dental, tranquilidad y la dignidad de saber que mi trabajo era valorado. Al perder ese empleo no solo me quitaron el sueldo; también me arrebataron la seguridad y la estabilidad que con tanto esfuerzo había construido.
Lo que hace esto aún más difícil es saber que K&S Management tiene un historial de violaciones laborales. Mi sindicato, 32BJ-SEIU, ya presentó cargos por prácticas laborales injustas contra ellos por despedir y amenazar a trabajadores que defendieron sus derechos. Aunque la empresa aceptó pagar los salarios atrasados y colocar avisos admitiendo su mala conducta, sigue ignorando a los trabajadores y las leyes locales aquí en el condado de Montgomery.
Estoy alzando la voz no solo por mí, sino por cada trabajador que ha sido tratado como si fuera desechable. Pido a nuestros funcionarios electos del condado de Montgomery que se solidaricen con nosotros, que hablen con los dueños y la administración de los edificios 1801–1803 y 1901 de Research Boulevard, y que se aseguren de que esta empresa cumpla con la ley.
He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para cuidar a los demás, dejando limpios y seguros los espacios donde otros viven y trabajan. Hoy lo único que pido es una oportunidad para cuidar de mi propia familia. Todo lo que quiero es recuperar mi trabajo y la estabilidad que todo trabajador merece.
Nadie debería perderlo todo de la noche a la mañana solo porque una empresa se niegue a cumplir la ley. Somos personas trabajadoras que hemos entregado años de esfuerzo y dedicación. Merecemos respeto, merecemos justicia y merecemos la oportunidad de seguir haciendo con orgullo los trabajos que han sostenido a estas comunidades durante décadas.
