La palabra “crisis” se volvió parte del vocabulario cotidiano de los gobiernos. Pandemias, guerras, terrorismo, migraciones masivas o desastres naturales justifican medidas urgentes.
En esos momentos, los Estados recurren a los llamados poderes de emergencia, que permiten actuar con rapidez frente a lo imprevisto. El problema comienza cuando esa excepción deja de ser transitoria y se convierte en un modo habitual de gobernar.
Esa zona gris, donde la legalidad se suspende en nombre de la urgencia, es lo que se conoce como estado de excepción. Y, según varios expertos y organizaciones como el Institute for the Study of States of Exception (ISSE), es también uno de los principales riesgos para las democracias contemporáneas.
El límite difuso entre la necesidad y el abuso
Un estado de excepción no es, en sí mismo, un acto antidemocrático. La mayoría de las constituciones del mundo contempla la posibilidad de que los gobiernos adopten medidas extraordinarias en momentos de peligro inminente. La cuestión crítica está en cómo y hasta cuándo se ejerce ese poder.
Cuando un gobierno puede gobernar por decreto, suspender derechos o pasar por alto los controles del poder legislativo y judicial, la línea que separa la emergencia de la arbitrariedad se vuelve tenue. Lo que quizás pudo haber comenzado como un mecanismo para proteger la seguridad o la salud pública puede transformarse, poco a poco, en una forma de concentración de poder sin rendición de cuentas.
Ejemplos hay muchos. En Hungría, los estados de emergencia prolongados se usaron para consolidar la autoridad del Ejecutivo; en Turquía, fueron el marco para reprimir opositores tras el intento de golpe de 2016; y en El Salvador, las medidas excepcionales contra las pandillas derivaron en detenciones masivas y limitaciones prolongadas a derechos civiles.
El filósofo Giorgio Agamben, lo dice bien claro: “El estado de excepción no es una dictadura, pero crea un espacio vacío de ley”. Ese vacío, advierten muchos juristas, puede volverse estructural: un país que gobierna permanentemente en modo de emergencia es un país donde la legalidad se vuelve negociable.
Estudiar la excepción para proteger la norma
La normalización del estado de excepción llevó a Ed Bogan, Former Senior CIA Operations Officer, a crear el ISSE, una organización sin fines de lucro y no partidista que busca rastrear, analizar y visibilizar cómo los gobiernos del mundo utilizan (y a veces abusan de) los poderes de emergencia.
Su objetivo no es señalar culpables, sino documentar y entender el fenómeno con historia y evidencia. Como explica su fundador y presidente, Ed Bogan, “los poderes de emergencia están pensados para ser temporales y específicos, pero cada vez se usan más para afianzar el poder y debilitar la rendición de cuentas democrática”.
ISSE se propone llenar un vacío que hasta ahora nadie había ocupado de forma sistemática: crear un centro global de monitoreo que combine investigación académica, análisis jurídico y divulgación pública. Desde su sede en Washington, la organización desarrollará proyectos que incluyen un informe anual sobre el estado del mundo, una base de datos de poderes de emergencia y un scorecard por país que medirá cómo se aplican y supervisan estas facultades excepcionales.
Además, trabajará en tres frentes complementarios: el académico, con conferencias y publicaciones especializadas; el legal, apoyando litigios y modelos legislativos que fortalezcan los controles; y el público, ofreciendo materiales educativos y análisis accesibles para periodistas, estudiantes y ciudadanos.
¿La democracia está bajo la presión del estado de excepción?
El concepto de democracia en retroceso o democratic backsliding no es nuevo, pero el uso creciente de los estados de excepción lo ha acelerado. Cuando los gobiernos aprenden a invocar la urgencia como argumento político, el equilibrio institucional se altera. Las medidas temporales se normalizan.
Como advierte ISSE, el peligro no es solo jurídico, sino cultural: cuando la sociedad acepta vivir bajo la lógica del miedo o la excepcionalidad, el autoritarismo puede avanzar sin necesidad de romper las reglas, solo reinterpretándolas.
De hecho, varios académicos —de Achille Mbembe a Oren Gross y Fionnuala Ní Aoláin— coinciden en que el estado de excepción se ha convertido en un modo estructural de gobernar. La paradoja es clara: los mecanismos diseñados para proteger la democracia pueden, si se descontrolan, vaciarla de contenido.
La urgencia de una vigilancia cívica
El trabajo de ISSE apunta a restablecer el sentido de los límites. Su apuesta es que la transparencia y la investigación comparada permitan identificar patrones, ofrecer contexto y fortalecer el debate público antes de que la excepción se consolide como norma.
Porque, como recuerda Bogan, “cuando los líderes normalizan los poderes de emergencia para saltarse los controles y silenciar la oposición, las instituciones no colapsan de golpe; se erosionan lentamente, bajo la apariencia de necesidad”.
El desafío, entonces, no es rechazar las medidas de emergencia, sino vigilar que sigan siendo lo que deben ser: temporales, proporcionales y sujetas a rendición de cuentas.
