Después de meses de patrullas militares por las calles de la capital, un juez federal ordenó que la administración de Donald Trump retire a la Guardia Nacional, cuya presencia ha marcado la vida diaria de los residentes de DC. La jueza del Distrito, Jia Cobb, determinó el jueves 20 de noviembre que el despliegue “infringe ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir la aplicación de la ley en el distrito”, aunque su fallo quedará en pausa por 21 días para permitir una apelación.
Meses de militarización en las calles
Desde agosto, más de 2,300 tropas de la Guardia Nacional provenientes de ocho estados y del propio distrito patrullaban la ciudad bajo el mando del Secretario del Ejército. Además, Trump desplegó cientos de agentes federales adicionales. Para los residentes, esto significó convivir con barricadas, controles y la presencia constante de uniformados armados, en barrios donde antes la policía local era la única autoridad visible. Muchos vecinos se sintieron vigilados y en algunos casos inseguros, mientras otros valoraron el aumento de seguridad en zonas de alta criminalidad.
Un conflicto legal que toca a los ciudadanos
El Fiscal General de DC, Brian Schwalb, demandó a la Casa Blanca para impedir despliegues sin el consentimiento del alcalde. “Normalizar el uso de tropas militares para la ley doméstica crea un precedente peligroso, donde el presidente puede ignorar la independencia de los estados y desplegar tropas donde y cuando quiera —sin control sobre su poder militar—”, dijo Schwalb, defendiendo la autonomía local y el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su seguridad.
Decenas de estados tomaron partido en la demanda, reflejando la polarización política que ha acompañado la militarización de la ciudad. Cobb concluyó que, aunque el presidente tiene autoridad para proteger propiedades federales, no puede usar la Guardia Nacional de DC para control del crimen como lo desee ni llamar tropas de otros estados unilateralmente.
La Casa Blanca se mantiene firme
La administración Trump insistió en que la presencia militar es legal y necesaria. “El presidente Trump está dentro de su autoridad para desplegar la Guardia Nacional en Washington, DC, proteger activos federales y asistir en tareas específicas de la policía”, dijo la portavoz Abigail Jackson. “Esta demanda es otro intento —en detrimento de los residentes de DC— de socavar operaciones exitosas para detener el crimen violento”.
¿Qué significa la decisión para la vida cotidiana?
Aunque la orden judicial es un triunfo para la autonomía local, la retirada inmediata de las tropas no está garantizada. Los abogados de Schwalb advirtieron que las tropas podrían permanecer en la ciudad hasta el próximo verano, dependiendo de los recursos legales de la administración. Mientras tanto, los residentes seguirán viendo a efectivos de otros estados actuando como una especie de fuerza policial federal, lo que ha generado tensiones y desvío de recursos de la policía local. “Cada día que esta ocupación continúa, DC sufre daños a su autoridad soberana para gestionar la seguridad como decide”, señalaron los abogados de Schwalb.
La decisión de la jueza Cobb refuerza el derecho de Washington DC a controlar su policía y marca un límite a la autoridad presidencial en la capital. Para los ciudadanos, representa un paso hacia calles menos militarizadas, aunque la incertidumbre sobre la salida de la Guardia Nacional mantiene la tensión. La ciudad se encuentra en un momento crítico: equilibrar seguridad, respeto a la ley local y derechos civiles mientras se define el futuro de la presencia militar en su territorio.
