El Department of Government Efficiency (DOGE) cerró sus puertas antes de tiempo y dejó a Washington, DC con la boca abierta y la agenda llena de vacantes. ¿El motivo? Una combinación de despidos masivos, promesas de ahorro que no se cumplieron y caos administrativo. Lo que se suponía que iba a ser un “recorte milagroso” terminó siendo un experimento que dejó a miles de trabajadores federales fuera del juego.
Un experimento de “fuego, fuego, fuego”
DOGE nació en enero de este año por orden ejecutiva de Donald Trump, con la misión de hacer más eficiente al gobierno y recortar gasto federal. Pero sobrevivió apenas 11 meses, cerrando oficialmente con ocho meses de anticipación. Durante ese tiempo, cerca de 300,000 empleados federales —casi 10% de la fuerza laboral— perdieron sus puestos, muchos de ellos en DC, Virginia y Maryland.
Promesas millonarias… y realidad decepcionante
El plan era ambicioso: recortar hasta $2 billones en su primer año, según Elon Musk, rostro mediático del proyecto. La realidad: DOGE reportó más de $200 mil millones en ahorros, dejando agencias desordenadas y proyectos a medio camino. Max Stier, presidente de la Partnership for Public Service, resumió el desastre:
“Nada se salvó del camino del dinero, y se causó un daño real a la capacidad del gobierno para resolver grandes problemas. Fue un ‘fuego, fuego, fuego’ en lugar de un ‘listo, apunta, dispara’”.
El impacto en DC
Para los residentes de Washington, DC, esto no es solo política: familias afectadas, contratos cancelados y servicios interrumpidos. DOGE expulsó talento clave justo en la ciudad donde el gobierno es el motor de la economía. Stier advierte:
“Lo que DOGE logró fue ahuyentar a algunos de los mejores talentos que teníamos en el gobierno”.
Menos experiencia disponible significa menos capacidad para manejar lo cotidiano… y lo crítico.
Un cierre sin estructura… pero con cicatrices
Aunque DOGE ya no opera como organización centralizada, funcionarios insisten en que sus “principios” siguen vivos: eficiencia, desregulación y modernización tecnológica. La realidad: nadie sabe exactamente quién lidera qué ni cómo se aplicarán esas medidas. La transparencia brilló por su ausencia desde el principio, y muchos empleados trabajaban bajo contratos temporales de solo 130 días, generando más inestabilidad que soluciones.
DOGE prometía cortar burocracia y ahorrar billones, pero dejó en DC despidos, confusión y proyectos inconclusos. La ciudad, que depende del gobierno federal, enfrenta ahora el reto de recuperar talento, reorganizar agencias y reconstruir confianza en un sector que debería sostener la vida cívica. En pocas palabras: el experimento terminó, pero el caos… todavía no.
