"¿Qué queremos decir exactamente con 'indocumentados'?" Esta pregunta del drama televisivo Boston Legal (2004-2008) resuena hoy con igual fuerza. El abogado Alan Shore, personaje principal de la serie, alegaba entonces:
"Estas personas tienen documentos rebosando de sus bolsillos: presentan declaraciones de impuestos, poseen licencias de conducir, abren cuentas bancarias, obtienen préstamos e hipotecas, contratan seguros médicos y servicios de telefonía. Contrario al mito de que son un lastre económico, son vitales para la economía. Cada uno de nosotros tiene al menos un inmigrante indocumentado en su vida: personas que nos importan, de las que dependemos".
Los números que nadie quiere ver
Según el Instituto sobre Tributación y Política Económica (ITEP), los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos contribuyeron $96.700 millones en impuestos en 2022, tendencia que se mantiene en 2024-2025. Esto equivale a $8.889 por persona. Su contribución tributaria alcanzó el 26,1% de sus ingresos, prácticamente igual al 26,4% que paga la población general.
Pero aquí está lo revelador: si se les otorgara autorización de trabajo, sus contribuciones aumentarían en $40.200 millones anuales. No es un gasto, es una inversión perdida.
En Chile, la paradoja se replica con contundencia. Según la Fundación porCausa Chile, la población migrante contribuyó con un 10,3% del PIB chileno, superior a su peso poblacional del 8,7%. En 2023, aportaron $921 millones de dólares netos al Estado. Cada migrante aporta en promedio $604 dólares netos, comparado con $184 de los nativos. Los migrantes aportan 3,6 veces más per cápita que los chilenos.
¿Por qué? Porque consumen menos recursos públicos, especialmente en pensiones y subsidios.
La injusticia previsional chilena
Aquí surge una de las mayores crueldades del sistema: todo trabajador extranjero debe cotizar obligatoriamente en el Sistema de Pensiones chileno, pero según la Ley 18.156, miles pierden sus ahorros previsionales cuando regresan a sus países.
La trampa es perversa: si un trabajador cotizó durante 20 años pero no posee título técnico o profesional universitario, sus fondos quedan atrapados en Chile para siempre. No importa cuánto haya aportado ni cuántos años haya trabajado—el dinero que cotizó mensualmente, descontado de su propio salario, simplemente no puede recuperarlo.
Esto viola la Convención Internacional sobre Protección de Trabajadores Migratorios. Peor aún: Chile tiene convenios con 28 países, pero no con Haití ni Venezuela, de donde provienen la mayoría de los migrantes recientes.
Los migrantes tienen contratos laborales, certificados de AFP, liquidaciones de sueldo, RUT provisorio, comprobantes de FONASA. Tienen documentos fiscales, laborales, previsionales. Lo que no tienen es un estatus migratorio que les permita recuperar lo que es suyo.
La verdadera indocumentación
Los "indocumentados" tienen documentos que prueban que pagan y han pagado impuestos para escuelas a las que sus hijos a veces no pueden asistir. Tienen certificados de aportes a pensiones de las que tal vez nunca se beneficiarán. Tienen contratos que demuestran que construyeron edificios, cosecharon alimentos y cuidaron a nuestros ancianos—y que siguen haciéndolo hoy.
Tienen todos los documentos que prueban que son parte esencial de nuestras economías. Lo único que no tienen es el documento que los haría plenamente humanos ante la ley.
Esa es la verdadera indocumentación de nuestro tiempo: la falta de un documento legal que reconozca una realidad económica y humana que ya existe. Una realidad documentada en millones de formularios fiscales y certificados previsionales que nadie quiere ver.
Porque verlos nos obligaría a reconocer la verdad más incómoda: que hemos construido nuestras economías sobre la contribución de personas a las que negamos el derecho a existir plenamente en ellas.
Braulio Jatar Alonso es abogado venezolano con décadas de experiencia en derechos humanos e inmigración. Presidente de ILC Consultores en Chile y fundador de la Fundación Derechos X todos para Todos. Director del Colegio Pablo Romero Millán (PRM) y Editor de Reporte Confidencial. Autor de libros sobre inteligencia emocional y resiliencia. Exprisionero político del régimen de Maduro (2016-2021).
