En Derecho existe un principio elemental que atraviesa sistemas jurídicos, culturas y épocas: nadie puede transmitir un derecho mejor del que posee. De esa máxima deriva la conocida teoría del fruto del árbol envenenado (fruit of the poisonous tree), desarrollada tanto en el derecho constitucional como en el procesal comparado. Si el acto originario es ilegítimo, todos los actos que de él se desprenden nacen jurídicamente contaminados y carecen de validez.
Este principio resulta clave para analizar la coyuntura venezolana actual y, en particular, la posición que comienza a perfilarse desde Washington bajo la conducción del actual Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Durante años —bajo distintas administraciones estadounidenses— se sostuvo de forma reiterada que Nicolás Maduro ejercía el poder de manera ilegítima. Esa tesis fue expresada mediante sanciones, comunicados oficiales, resoluciones del Congreso y pronunciamientos en foros multilaterales.
Hoy, tras la captura, traslado e internamiento de Maduro y su esposa Cilia Flores en una cárcel de Nueva York, surge una propuesta que, desde el punto de vista jurídico, resulta profundamente contradictoria: permitir que Delcy Rodríguez encabece el proceso de transición en Venezuela.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el Departamento de Estado revestir de legitimidad a una figura cuyo origen político y jurídico emana del mismo poder que durante años fue calificado como ilegítimo? Si el “árbol” estaba viciado —el régimen de Maduro—, su fruto no puede ser presentado como sano ni válido para conducir una transición democrática.
La ficción de la “temporalidad”
El 3 de enero de 2026, el mismo día en que se produjo la captura de Maduro y Flores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión mediante la cual obliga a Delcy Rodríguez a asumir la Vicepresidencia, calificando dicha situación como “temporal”. Esa palabra no es casual ni neutra: es una válvula de escape constitucional.
La Constitución venezolana es clara: ante una falta absoluta del Presidente, debe activarse un mecanismo que conduce a elecciones presidenciales en un plazo aproximado de 30 días, convocadas por quien ejerza la presidencia encargada. Al calificar la situación como “temporal”, el Tribunal evita deliberadamente esa consecuencia constitucional y bloquea la activación del mandato popular, manteniendo la continuidad del mismo tronco de poder ilegítimo.
No se trata, por tanto, de una interpretación jurídica razonable, sino de una ingeniería de supervivencia política, diseñada para impedir elecciones inmediatas y transferir el poder de un ilegítimo a otro ilegítimo, sin ruptura real con el origen viciado.
La línea legítima ignorada
Frente a esa línea contaminada, existe otra línea de legitimidad democrática incuestionable: las elecciones del 28 de julio de 2024, reconocidas como limpias y transparentes por amplios sectores de la comunidad internacional. En ellas resultó electo Edmundo González, con María Corina Machado anunciada como su vicepresidenta.
Las actas electorales se encuentran resguardadas en la bóveda del Banco Central de Panamá, y el propio presidente panameño ha expresado públicamente su voluntad de ver a Edmundo González participando en próximas instancias multilaterales del hemisferio. A esta posición se han sumado líderes como Emmanuel Macron, y es previsible que otros gobiernos europeos sigan el mismo camino. Incluso dentro de Estados Unidos, senadores y representantes del Congreso han comenzado a cuestionar el carácter unilateral de una transición basada en un “fruto envenenado”.
Eficacia jurídica y costo político
Desde el punto de vista de la eficacia jurídica, una transición conducida por Delcy Rodríguez no puede producir efectos legítimos duraderos, porque su fuente es inválida. Desde el punto de vista político y diplomático, el riesgo es aún mayor.
Marco Rubio ha construido una trayectoria sólida frente a los regímenes autoritarios del hemisferio, con un capital simbólico importante ante la comunidad hispana —incluida la venezolana— en Estados Unidos. Persistir en una fórmula que contradice los propios fundamentos jurídicos sostenidos durante años puede erosionar esa credibilidad y generar un error de cálculo político de alto costo.
El Derecho no admite atajos: lo ilegítimo no puede engendrar legitimidad. Transferir el poder desde un origen viciado hacia una autoridad derivada del mismo tronco no es transición democrática; es continuidad maquillada.
Si Estados Unidos —y en particular su Secretaría de Estado— aspira a una salida estable, pacífica y jurídicamente eficaz para Venezuela, debe romper con el árbol envenenado y reconocer la única fuente limpia disponible: la voluntad popular expresada en las urnas.
Cualquier otra vía no solo vulnera principios elementales del Derecho constitucional, sino que condena el proceso a la fragilidad, la impugnación permanente y, finalmente, al fracaso.
Braulio Jatar Alonso es abogado venezolano con décadas de experiencia en derechos humanos e inmigración. Presidente de ILC Consultores en Chile y fundador de la Fundación Derechos X todos para Todos. Director del Colegio Pablo Romero Millán (PRM) y Editor de Reporte Confidencial. Autor de libros sobre inteligencia emocional y resiliencia. Exprisionero político del régimen de Maduro (2016-2021).
