Virginia está contra el reloj. El estado debe reducir de forma drástica los errores en el pago de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o arriesga perder hasta $270 millones anuales en fondos federales. Para lograrlo, el gobierno estatal activó un plan que combina cambios legales, más controles, capacitación y apoyo externo, con impactos directos en familias de bajos ingresos y en los trabajadores de servicios sociales.
¿Por qué importa el “error rate”?
SNAP ayuda a personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos. Aunque los fondos son federales, los estados se encargan de administrar y distribuir los beneficios. El llamado error rate mide pagos incorrectos, tanto por exceso como por defecto, causados por errores administrativos o información desactualizada. Con una tasa cercana al 11%, Virginia debe bajarla a 6% para 2027 para cumplir la ley federal aprobada en el verano de 2025.
Una nueva ley federal cambia las reglas del juego
La ley de reconciliación aprobada por el Congreso activó sanciones inéditas: los estados con altos niveles de error podrían tener que cubrir parte de los pagos de SNAP con fondos estatales. Además, la legislación ajustó requisitos de edad y trabajo, aumentando la complejidad administrativa. Para Virginia, el riesgo financiero es claro y urgente.
“SNAP Forward”: la estrategia impulsada por Youngkin
En respuesta, el gobernador Glenn Youngkin lanzó en agosto de 2025 la iniciativa “SNAP Forward” mediante una directiva ejecutiva. El objetivo es reducir errores en los pagos y cumplir con los nuevos estándares federales. Aunque Youngkin ha mencionado el programa en discursos y en su última propuesta presupuestaria, muchos detalles se conocieron gracias a solicitudes de información pública (FOIA). La próxima gobernadora, Abigail Spanberger, heredará la implementación del plan.
Más verificación, menos margen de error
Desde el 1 de octubre de 2025, los beneficiarios en Virginia ya no pueden auto-certificar sus ingresos y gastos. Ahora, los trabajadores estatales deben verificar activamente esa información. Además, para marzo de 2026 será obligatorio verificar la composición del hogar. El estado apuesta a que estos controles reduzcan pagos incorrectos, aunque implican más carga de trabajo para las oficinas locales.
Capacitación y lecciones de otros estados
Documentos internos revelan reuniones virtuales mensuales, iniciadas en septiembre, entre el Departamento de Servicios Sociales de Virginia y trabajadores locales. Estas sesiones incluyen repasos de políticas, nuevas reglas de verificación y ejemplos de estados como Wisconsin, que mantiene un bajo nivel de error. Virginia también planea entrevistar a otros estados exitosos para replicar buenas prácticas.
Apoyo externo: un contrato con KPMG
El estado firmó un contrato de $1.7 millones con la consultora KPMG por seis meses. La empresa apoyará a oficinas locales seleccionadas con estrategias para mejorar la precisión de pagos, además de recomendaciones y materiales de capacitación.
Un equipo de control de calidad en debate
La propuesta presupuestaria saliente de Youngkin incluye $2.4 millones para crear un equipo de 14 especialistas en control de calidad dentro de la Oficina de Salud y Servicios Humanos. Su función sería detectar y corregir errores en los pagos de SNAP. Sin embargo, su aprobación depende de las negociaciones legislativas de 2026, ahora bajo el liderazgo de Spanberger.
Preocupación entre trabajadores y defensores
Organizaciones de servicios sociales advierten que las oficinas más pequeñas podrían tener dificultades para manejar la nueva carga administrativa, especialmente cuando también enfrentan cambios en la elegibilidad de Medicaid derivados de la misma ley federal. Para la comunidad, esto podría traducirse en retrasos, revisiones más estrictas o interrupciones temporales de beneficios.
Virginia apuesta por controles más estrictos, capacitación intensiva y apoyo externo para reducir errores en SNAP y evitar sanciones millonarias. El reto será equilibrar el cumplimiento federal con la protección de familias vulnerables y la capacidad real de los trabajadores sociales. Lo que decida la próxima administración y la Legislatura en 2026 será clave para definir si el estado logra corregir el rumbo sin dejar a nadie atrás.
