Organizaciones latinas y defensoras de derechos civiles se movilizan en Virginia para enfrentar una nueva ola de políticas que, aseguran, amenazan directamente a las familias inmigrantes y trabajadoras del estado. En vísperas de la apertura de la sesión de la Asamblea General de Virginia, el miércoles 14 de enero, la organización Dreamers’ Mothers in Action (DMIA) convocó una conferencia de prensa para presentar una agenda legislativa enfocada en dignidad, protección y justicia social.
“Las familias inmigrantes y trabajadoras tenemos prioridades claras, y estamos aquí para exigir políticas que protejan nuestra dignidad y nuestros derechos”, declaró Lenka Mendoza, directora fundadora de DMIA
Alarma por la expansión del programa 287(g)
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones es la reactivación y expansión del programa federal 287(g), un mecanismo que permite que policías locales actúen como agentes de inmigración, interrogando, deteniendo y entregando personas a ICE.
Este programa había sido prácticamente eliminado en la última década por su impacto negativo en las comunidades inmigrantes, pero ahora ha regresado con fuerza.
“Durante los últimos años de gobiernos republicanos, este programa se ha expandido peligrosamente. Pasamos de casi cero localidades a más de 30 en Virginia que ahora participan en el 287(g), y eso es profundamente alarmante”, denunció Mónica Sarmiento, directora ejecutiva de la Virginia Coalition for Immigrant Rights (VACIR).
Sarmiento explicó que esta política fomenta el perfil racial y destruye la confianza entre la comunidad y la policía.
“Las personas están siendo arrestadas por su apariencia o su acento, y las familias ahora temen denunciar crímenes reales porque piensan que cualquier contacto con la policía puede terminar en deportación. Eso hace a nuestras comunidades menos seguras”, agregó.
Los activistas dijeron que están buscando un patrocinador para que someta una legislación para frenar la medida.
Protección para jóvenes inmigrantes vulnerables
Otro eje clave de la agenda es la protección de jóvenes inmigrantes que han sido víctimas de abuso, abandono o negligencia. La abogada Emily Lopinski, del Immigrant Justice Program del Legal Aid Justice Center, explicó la urgencia de ampliar el acceso al estatus de Special Immigrant Juvenile (SIJ), una visa humanitaria que permite a jóvenes en riesgo obtener residencia legal.
Actualmente, en Virginia solo se permite solicitar esta visa a los jóvenes hasta los 18 años, mientras que en Maryland y el Distrito de Columbia el límite es de 21 años.
“Esta nueva propuesta busca darles a los jóvenes de Virginia la misma oportunidad de protección que ya existe en DC y Maryland”, explicó Lopinski.
Una nueva legislatura con una gobernadora mujer y más liderazgo latino
La sesión legislativa 2026 arranca en un contexto político inédito en Virginia. Por primera vez, el estado tendrá una mujer como gobernadora: Abigail Spanberger, acompañada por una administración demócrata con Jay Jones como Fiscal General y una vicegobernación también en manos demócratas, a través de Ghazala Hashmi.
Además, regresa a la Asamblea General la delegada estatal Elizabeth Guzmán, de Prince William, una de las principales voces latinas en la legislatura.
“Estamos confiando en que con esta nueva legislatura y esta nueva gobernación, nuestras familias finalmente estarán protegidas”, afirmó la activista Gian Carla Rojas, una de las voceras del evento.
Preocupación por el futuro del In-State Tuition
Otro de los temas que encendió alarmas es la ofensiva legal del gobierno de Trump contra los estados que permiten a estudiantes indocumentados acceder al In-State Tuition, es decir, pagar la matrícula universitaria como residentes del estado.
Este beneficio permite que estudiantes que viven, estudian y se gradúan en Virginia paguen una tarifa razonable, en lugar del Out-of-State Tuition, que puede ser hasta tres veces más caro.
“Es injusto que un joven que ha vivido toda su vida en Virginia tenga que pagar más que alguien que viene de otro estado solo por no tener papeles”, explicó Giancarla Rojas, quien ha sido beneficiaria del In-State Tuition desde que fue aprobado en Virginia en 2014 tras una larga batalla legal.
Rojas recordó que antes de esa ley, muchos jóvenes indocumentados, incluso aquellos que habían nacido o crecido en Virginia y se habían graduado de sus escuelas públicas, quedaban excluidos de la universidad.
“Es muy triste lo que está pasando ahora. Después de tanta lucha, quieren quitarnos el In-State Tuition. Yo lloré cuando supe lo de esta demanda. Es como si nos dijeran que no merecemos soñar”, confesó.
