La jueza federal Paula Xinis cerró la puerta, al menos por ahora, a un nuevo intento de detención contra Kilmar Abrego García. En una orden clara y sin rodeos, determinó que ya venció el plazo legal de 90 días para mantenerlo bajo custodia y que el gobierno no cuenta con un plan realista de deportación, condición indispensable para justificar una detención migratoria conforme a la ley.
El fallo que deja a ICE sin base legal
Xinis fue contundente al evaluar los argumentos oficiales. Escribió que el gobierno “hizo una amenaza vacía tras otra” al anunciar posibles deportaciones a países africanos sin posibilidades reales de concretarse. A partir de ese historial, concluyó que no existe una buena razón para creer que la expulsión sea probable en un futuro razonable, lo que bloquea legalmente cualquier intento de volver a detenerlo una vez expirado el plazo.
Qué intentó el gobierno y por qué no convenció al tribunal
El caso de Abrego García ganó notoriedad tras su deportación errónea a El Salvador el año pasado, pese a que un juez migratorio había prohibido su retorno desde 2019 por riesgo de violencia de pandillas. Luego de traerlo de vuelta a Estados Unidos, las autoridades intentaron abrir rutas alternativas hacia Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia. Para el tribunal, esas opciones carecieron de sustento práctico.
Xinis subrayó que el gobierno no presentó acuerdos operativos, ni calendarios, ni gestiones diplomáticas verificables que hicieran factibles esas salidas. En su análisis, la estrategia fue retórica sin ejecución, insuficiente para sostener una custodia migratoria indefinida.
Costa Rica quedó fuera sin explicación
Un punto clave del fallo fue la referencia a Costa Rica. La jueza señaló que el gobierno ignoró deliberadamente y sin razón al único país que ha ofrecido aceptarlo como refugiado y al que Abrego García ha manifestado estar dispuesto a ir. Para el tribunal, este hecho desarma el argumento de que no existe un destino viable y debilita cualquier intento de justificar la detención por falta de opciones.
Reacciones y choque institucional
Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria asistente Tricia McLaughlin criticó la decisión por correo electrónico y acusó a la jueza de apartarse del debido proceso, al afirmar que Abrego García no debería permanecer en Estados Unidos.
En contraste, su abogado Simon Sandoval-Moshenberg recordó que la ley migratoria no permite usar la detención como castigo. Según escribió, desde diciembre el gobierno ha intentado un truco tras otro para re-detener a su cliente. Su conclusión fue directa. Si la intención hubiera sido removerlo de verdad, Costa Rica habría sido el destino hace tiempo.
El contexto que pesa en la balanza
Abrego García vive en Maryland desde hace años, tiene esposa e hijo ciudadanos estadounidenses y llegó al país de manera irregular cuando era adolescente. En 2019, un juez migratorio concluyó que enfrentaba un peligro real si regresaba a El Salvador. Aun así, fue deportado por error en 2025, un antecedente que el tribunal consideró relevante.
Regresó a Estados Unidos en junio tras presión pública y una orden judicial, acompañado de una acusación penal en Tennessee por tráfico de personas, cargos a los que se declaró no culpable. Ese proceso penal sigue su curso y es independiente del análisis migratorio.
La orden de Xinis deja un mensaje inequívoco. Sin un plan viable de deportación, no hay detención posible. El balón queda ahora del lado del gobierno, que debe actuar de buena fe y avanzar con la opción de Costa Rica o aceptar que ICE no puede volver a encerrar a Kilmar Abrego García bajo el marco legal actual.
