Maryland dio un paso decisivo al prohibir que su policía estatal y local colabore directamente con Immigration and Customs Enforcement (ICE) tras la firma de una nueva ley por parte del gobernador Wes Moore. La norma pone fin a años de cooperación formal con ICE y busca separar de manera clara la seguridad comunitaria de la aplicación del estatus migratorio.
Moore acusa a ICE de fallar a la ley y a la comunidad
En una carta enviada a líderes locales, Moore explicó que la decisión responde a una preocupación profunda por la forma en que ICE opera en el estado. El gobernador afirmó que la agencia federal no solo ha fallado en su objetivo de hacer a las comunidades más seguras, sino también en respetar la ley.
“También hemos sido testigos de una profunda falta de rendición de cuentas por parte del gobierno federal. Sus acciones no se alinean con el modelo de policía constitucional que practicamos y honramos en el estado de Maryland”, escribió Moore.
Fin total a los acuerdos 287g en Maryland
La nueva ley prohíbe que cualquier jurisdicción participe en el programa federal 287g, un sistema que permitía a oficiales locales actuar como agentes migratorios dentro de cárceles. Antes de la aprobación de la norma, nueve condados de Maryland tenían algún tipo de acuerdo con ICE. En la región del DMV, estos convenios operaban en Frederick, St Mary’s, Allegany, Carroll, Garrett y Washington County.
La cooperación no desaparece pero queda estrictamente limitada
La legislación no elimina todo contacto con el gobierno federal. Las agencias locales podrán colaborar en casos de amenazas reales a la seguridad pública y continuar notificando a ICE cuando una persona sea liberada o transferida legalmente. Moore aclaró que el objetivo no es bloquear la seguridad, sino evitar que la policía local actúe como extensión de la política migratoria federal.
ICE prioriza cuotas y no delitos violentos, según el gobernador
Moore sostuvo que el enfoque de ICE está equivocado. En Maryland, explicó, la mayoría de las personas arrestadas por la agencia nunca ha sido acusada ni condenada por un crimen. Entre quienes sí tienen antecedentes, la mayoría enfrenta delitos menores.
“Me preocupa profundamente la falta de enfoque del gobierno federal en delincuentes violentos en su aparente persecución de cuotas migratorias arbitrarias”, escribió el gobernador.
Sheriffs advierten más arrestos en la calle
El sheriff de Frederick County, Chuck Jenkins, uno de los principales defensores del programa desde 2008, criticó la ley y aseguró que los acuerdos ofrecían un entorno controlado para las transferencias federales. Bajo el llamado modelo de cárcel, oficiales correccionales entrenados identificaban a personas sin estatus legal durante el proceso de ingreso y notificaban a ICE.
“Ahora no podemos entregar a personas a ICE en las cárceles. Los agentes federales van a entrar a nuestros condados y harán los arrestos de una forma u otra”, dijo Jenkins.
Dos modelos eliminados y un temor creciente
De los nueve condados con acuerdos previos, solo tres contaban con oficiales correccionales capacitados. El resto operaba bajo el modelo de Warrant Services Officer, que permitía retener a una persona hasta 48 horas con una orden administrativa de ICE. Ambos esquemas quedan ahora prohibidos. Jenkins advirtió que sin estos acuerdos ICE podría intensificar operativos en las calles, como ya ocurrió en otros estados.
“No puedo detenerlos ni voy a intentarlo. El caos que no hemos visto, empezaremos a verlo”, afirmó.
Maryland se suma a una transformación regional en el DMV
La ley se enmarca en un cambio más amplio en la región. Condados como Montgomery aprobaron normas para proteger a inmigrantes y limitar el acceso de ICE a edificios públicos. Washington County busca bloquear la instalación de nuevos centros de detención. Virginia ya eliminó todos los acuerdos 287g y restringió la cooperación federal a órdenes judiciales.
Con esta legislación, Maryland traza una línea clara entre la seguridad pública y la aplicación migratoria federal. Para el gobierno estatal, el objetivo es fortalecer la confianza comunitaria y garantizar que los residentes accedan a servicios sin miedo. Para críticos como algunos sheriffs, el cambio traerá más presencia federal en las calles. El debate apenas comienza, pero el rumbo del estado ya quedó definido.
