La tranquilidad de los restaurantes en Washington DC se desmoronó esta semana. Tras inspecciones sorpresa en mayo a más de 100 negocios, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) comenzó a emitir veredictos de impacto fulminante. Decenas de trabajadores deben ser despedidos en 10 días hábiles a menos que sus empleadores demuestren su estatus legal. Lo que empezó como una revisión de formularios I-9 se convirtió en una pesadilla logística y humana para los restaurantes que sostienen la economía local.
Dos tercios del personal en riesgo
Para muchos dueños, la notificación federal no es un simple trámite, sino un golpe mortal a su operatividad. Un restaurador que pidió anonimato contó a Washingtonian que ya gastó $17,000 en abogados solo para intentar proteger a su personal. La ironía es que incluso empleados con visas patrocinadas por el restaurante terminaron señalados por errores administrativos.
“Todos presentaron la información necesaria. No los habría enviado a ICE si pensara que eran ilegales. Voy a tratar de demostrar que todos están en regla”.
El problema no siempre indica que los trabajadores sean indocumentados. Muchas veces, los formularios I-9 son rechazados por errores administrativos.
“Patrociné y pagué una visa para un chef que estaba en la lista, así que sabemos que es legal. Todos mis empleados están en regla según mi conocimiento”, asegura el mismo propietario.
Multas que asfixian y fallos del sistema burocrático
Mantener a un trabajador señalado no representa una opción económica viable para estos negocios. Las multas por una primera infracción oscilan entre $716 y $5,724 por cada persona. El miedo se siente en el aire especialmente porque muchos de los señalados no son necesariamente indocumentados sino víctimas de trámites burocráticos o de la revocación de permisos de trabajo ocurrida en años recientes.
Otro caso documentado por Washingtonian muestra que de cinco empleados marcados por HSI, solo uno permanece en su puesto. “Es aterrador. Hacemos todo conforme a la ley según nuestro conocimiento”, dijo el dueño, quien sigue trabajando con abogados para corregir la situación.
La comunidad inmigrante, motor bajo ataque
Shawn Townsend, de la Restaurant Association Metropolitan Washington, confirmó que entre cinco y 10 restaurantes más fueron contactados por HSI solo la última semana. Townsend considera que esto representa un ataque directo al pilar de muchas cocinas en un momento donde la escasez de personal ya resulta crítica. La narrativa oficial sobre la persecución de criminales se desmorona al observar el perfil real de los afectados en el área del DMV.
Los números y advertencias de HSI no son solo estadísticas, impactan directamente a trabajadores y familias. Un propietario afectado relata la realidad que muchos restaurantes enfrentan:
“He tenido tres empleados sacados de las calles. He visto a esposas llorando y uno tenía la edad de mi papá. Trabajaba todos los días con esfuerzo. No son criminales, no son MS-13, y aun así son tratados así. Es realmente indignante”.
Esta nueva ola de presiones no solo amenaza la estabilidad de los restaurantes más emblemáticos de la capital, sino que también desgarra el tejido social de la comunidad latina del DMV. Mientras los abogados luchan contra el reloj de 10 días, queda claro que la persecución administrativa tiene un costo humano que ninguna multa puede cuantificar, dejando a cientos de familias en incertidumbre total y a las cocinas de la ciudad al borde de un colapso económico.
