Decenas de residentes de Hyattsville, Maryland, se movilizaron esta semana para protestar contra la futura instalación de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en un edificio local. La comunidad expresa preocupación por la seguridad, el impacto en familias inmigrantes y la posibilidad de que el espacio de oficinas se convierta en un centro de detención.
Marcha y voces de la comunidad
El jueves por la mañana, manifestantes marcharon por las calles de Hyattsville hasta llegar al edificio en 6505 Belcrest Road, donde se estima que ICE alquilará hasta 20,000 pies cuadrados. Charles Askins, residente de la ciudad, declaró:
“Cuando los agentes de ICE matan a personas, cuando separan a niños de sus padres y no se identifican, se les da el derecho de hacer cualquier cosa con inmunidad absoluta. Eso es lo peor de lo peor, no los inmigrantes”.
La protesta contó con la participación de líderes locales como la representante Glenn Ivey, la alcaldesa de Hyattsville, Robert Croslin, y la ejecutiva del condado Prince George’s, Aisha Braveboy, quienes acompañaron la marcha y reiteraron su oposición al plan de ICE.
Preocupación por el impacto local
En una carta enviada a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director de ICE, Todd Lyons, Ivey expresó:
“Dada la preocupación significativa de la comunidad y el posible impacto local de esta expansión, a solo unas cuadras de una iglesia y de una oficina de servicios sociales, solicitamos información detallada sobre esta instalación propuesta”.
La carta también fue firmada por los senadores Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks. Ivey advirtió sobre las condiciones de los centros de detención existentes:
“He visto lo que parecen esos centros. Tratan a las personas terriblemente. He visto refugios para animales que son mejores que algunos de los centros de detención que operan. No queremos patrullas móviles ni que esto se convierta en lo que pasó en Minneapolis”.
Medidas locales y contexto legal
En paralelo, Braveboy anunció que firmará una orden ejecutiva para limitar la cooperación de la policía local con ICE, reforzando la posición de Hyattsville como ciudad santuario. Este movimiento coincide con la reciente aprobación de leyes estatales que prohíben acuerdos 287(g), impidiendo que oficiales locales obtengan autoridad federal para hacer cumplir políticas de inmigración. El residente Kathy Hogle, enfatizó la carga emocional de estas operaciones:
“Ahora tenemos cientos de miles de familias que no tienen a sus proveedores, familias traumatizadas que vivirán con esto por generaciones”.
Expansión federal y la industria del DMV
El caso de Hyattsville se enmarca en un contexto regional más amplio, donde el Departamento de Seguridad Nacional ha adquirido grandes almacenes en el DMV, algunos potencialmente convertibles en centros de detención masiva. En Hagerstown, Maryland, un almacén de 826,000 pies cuadrados fue comprado por $102 millones, mientras que en Stafford County, Virginia, instalaciones de $50 millones podrían albergar hasta 10,000 personas, complicando la capacidad de los estados y ciudades para frenar planes de ICE.
Las protestas en Hyattsville reflejan la creciente tensión entre las operaciones federales de inmigración y la protección de comunidades locales. Con legisladores, líderes locales y residentes activos, la ciudad busca garantizar la seguridad de sus vecinos inmigrantes y mantener su condición de santuario, mientras la expansión de ICE y DHS continúa generando debate en todo el DMV.
