El ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, firmó el pasado 20 de febrero de 2026 el Trust Act, una ley local que limita la cooperación del condado con las acciones de deportación de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Esta medida ha generado debate político y social entre defensores de los derechos humanos y quienes promueven una mayor colaboración con las autoridades federales de inmigración.
Una barrera legal contra las deportaciones sin orden judicial
El Trust Act (Oficialmente Expedited Bill 35‑25, Immigrant Protections – Promoting Community Trust Act) prohíbe que funcionarios y empleados del condado colaboren con ICE en operativos civiles de inmigración, a menos que exista una orden judicial válida. La ley también restringe el uso de recursos y edificios del condado para prácticas de inmigración federal.
¿El fin de la era de colaboración con ICE en el DMV?
La decisión de Elrich recibió el respaldo unánime del Consejo del Condado y consolida una tendencia regional de protección al trabajador migrante. Al eliminar los acuerdos similares al programa 287(g), Montgomery se une a la postura del gobernador de Maryland, Wes Moore, quien recientemente prohibió estos convenios a nivel estatal. La región del DMV vive hoy una transformación profunda: Virginia ya restringió la cooperación federal a órdenes judiciales y Washington County busca bloquear nuevos centros de detención, trazando una línea clara entre la seguridad ciudadana y el control migratorio.
¿Qué cambia para los inmigrantes?
Para familias inmigrantes y defensores de derechos civiles, la ley significa menos miedo a acudir a servicios públicos locales y más posibilidad de cooperar con la policía local en casos de delito sin temor a deportación. Líderes comunitarios han dicho que esto puede aumentar la seguridad pública y la salud comunitaria en general.
El Trust Act de Montgomery County refuerza la protección de inmigrantes frente a acciones de ICE sin orden judicial y consolida al condado como líder regional en políticas que priorizan los derechos civiles. La medida refleja un enfoque claro: garantizar la seguridad y confianza de la comunidad migrante, sin comprometer el cumplimiento de la ley bajo órdenes judiciales.
