Maryland llevó a los tribunales a la administración de Donald Trump para frenar la construcción de un centro de detención migratoria de ICE en el condado de Washington, alegando que el proyecto se aprobó sin estudios ambientales, sin consulta al estado y sin participación pública, pese a su enorme impacto en una comunidad pequeña como Williamsport.
La demanda fue presentada por el fiscal general de Anthony Brown, quien busca detener la conversión de un enorme almacén en una instalación de detención migratoria operada por ICE, bajo el Department of Homeland Security. El pleito sostiene que el gobierno federal avanzó con un “proyecto mayor” sin cumplir con requisitos legales básicos.
Una compra millonaria sin revisión ambiental
El Immigration and Customs Enforcement compró el 16 de enero de 2026 un almacén de 54 acres, ubicado a las afueras de Williamsport, por $102.4 millones. La propiedad, con más de 825,000 pies cuadrados, fue construida entre 2021 y 2023 como instalación comercial y cuenta con infraestructura mínima: solo cuatro baños y dos fuentes de agua.
Un centro que rivaliza con la población del pueblo
Según documentos del DHS, el almacén sería transformado en un centro de detención con capacidad para 1,500 personas, una cifra que casi iguala a los poco más de 2,000 habitantes de Williamsport. Para el estado, este contraste evidencia el impacto desproporcionado del proyecto sobre la comunidad local.
“Mantuvieron al estado y al público en la oscuridad”
Brown acusó a la administración Trump de gastar más de $100 millones en fondos federales sin realizar la revisión ambiental requerida ni dar voz a Maryland o a sus residentes.
“No permitiremos que esta administración trate las leyes como sugerencias y ponga en riesgo a nuestra gente y a sus comunidades”, afirmó el fiscal general.
Alegaciones de violaciones legales y un plan nacional
La demanda también sostiene que el DHS e ICE violaron la Ley de Procedimiento Administrativo, al no explicar su decisión, no evaluar alternativas razonables y abandonar prácticas previas de revisión ambiental para proyectos similares. Brown advirtió que no se trata de un caso aislado, sino de parte de un esfuerzo nacional para crear infraestructura de detención masiva mediante la compra y reconversión de almacenes capaces de albergar a decenas de miles de personas.
Preocupaciones ambientales y de salud pública
Además de las fallas de procedimiento, el estado señala riesgos ambientales y de salud pública asociados con la reconversión del almacén, que incluiría áreas de retención y procesamiento, cafeterías, oficinas y espacios de atención médica dentro de una instalación originalmente diseñada para uso industrial.
Con esta demanda, Maryland pide a la corte detener la construcción y operación del centro, ordenar una revisión ambiental completa con participación pública y declarar ilegal la actuación federal, en un pulso legal que podría marcar límites a la expansión acelerada de centros de detención migratoria bajo la administración Trump.
