La incertidumbre sobre la capacidad del Distrito de Columbia para aplicar ciertos impuestos podría dejar al gobierno local con un agujero de hasta $180 millones. La cifra proviene del último estimado de ingresos de la directora financiera de DC, Glen Lee, que advierte sobre el impacto de la resolución del Congreso que bloquea la decisión del Consejo de desconectarse de recortes fiscales impulsados por el expresidente Donald Trump.
Conflicto entre DC y el Congreso
El Concejo de DC, junto con varios estados, rechazó los recortes fiscales del “Big Beautiful Bill Act” del año pasado, argumentando que el Distrito tiene derecho legal a establecer sus propios impuestos. En otoño, los legisladores locales votaron para desvincularse de los recortes que afectan impuestos a negocios, propinas y horas extras. Sin embargo, el Congreso aprobó una resolución para bloquear la medida.
La legalidad en debate
La fiscal general de DC sostiene que la resolución del Congreso no tiene base legal, mientras que la alcaldesa Muriel Bowser ha pedido aclaraciones sobre cómo se aplicará la ley del Distrito para los impuestos del año calendario 2025.
“Solicito que aclare, antes del 3 de marzo y por escrito, cómo aplicará la ley del Distrito a la recaudación de impuestos del año 2025”, escribió Bowser.
Qué significa para quienes viven y trabajan en D.C.
La incertidumbre no solo afecta las finanzas del gobierno, sino también a los residentes y negocios de DC. Jacqueline Johnson, de Free DC, expresó su indignación ante lo que considera una interferencia del Congreso.
“Su objetivo es arruinar nuestra ciudad; buscan dañar al Distrito de Columbia y quitarle la autonomía bit a bit”.
Además, el reporte de la CFO indica una caída en los ingresos por impuestos de ventas y hoteles, lo que podría afectar servicios locales y proyectos comunitarios.
La batalla legal y política sobre los impuestos de DC podría significar menos recursos para la ciudad y mayor incertidumbre para sus residentes. Mientras la disputa se resuelve, los líderes locales buscan proteger la autonomía fiscal del Distrito y asegurar que los fondos para servicios esenciales no se vean comprometidos.
