Un juez federal autorizó que la administración de Donald Trump continúe con la construcción de un salón de baile de $400 millones en el sitio donde fue demolida el ala este de la White House. El espacio proyectado tendrá 90,000 pies cuadrados y capacidad para 999 personas, financiado completamente con donaciones privadas, incluyendo aportes del propio presidente.
Fallo judicial: sin suspensión temporal
El juez federal Richard Leon rechazó la solicitud del National Trust for Historic Preservation para detener temporalmente la obra. Determinó que el grupo tiene pocas probabilidades de éxito con los argumentos presentados, aunque les permitió enmendar su demanda para incluir cuestionamientos sobre la autoridad legal del presidente.
Leon señaló que la oficina de la Casa Blanca responsable del proyecto no se considera una agencia bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, y que los demandantes no tenían fundamento suficiente para invocar la intervención judicial en este momento.
Cronograma, demolición y revisiones
La Casa Blanca anunció el plan de construcción durante el verano, y para finales de octubre ya había demolido el ala este para abrir espacio al nuevo salón. Según la administración, la construcción sobre el nivel del suelo comenzará en abril, mientras se completan los trabajos preliminares y los planos definitivos.
El proyecto ha pasado por la Commission of Fine Arts, que aprobó el diseño la semana pasada. La National Capital Planning Commission continuará con su revisión el 5 de marzo.
Durante audiencias previas, Leon advirtió que la administración debía evitar decisiones subterráneas, como la ubicación de tuberías y líneas de gas, que condicionen la construcción final del salón.
La batalla legal y las posturas enfrentadas
El National Trust buscaba frenar la obra hasta que se realizaran revisiones independientes y se obtuviera aprobación del Congreso. Carol Quillen, presidenta y CEO de la organización, dijo estar “decepcionada” por la negativa a la medida cautelar, pero destacó que el juez reconoció que tienen legitimidad para demandar.
“También nos complace que alentara a enmendar la demanda (…) y planeamos hacerlo con prontitud”, afirmó.
Los abogados de los demandantes advirtieron que, sin intervención judicial, el presidente podría sentirse envalentonado para impulsar cambios aún mayores en el complejo presidencial. “Los perdedores serán el público estadounidense”, escribieron, argumentando que el salón “abrumaría” uno de los edificios más históricos del país y violaría un amplio rango de leyes.
La administración replicó que otros presidentes realizaron renovaciones, algunas polémicas en su momento, sin requerir aprobación del Congreso. “Muchos de esos proyectos (…) se han convertido en partes aceptadas, incluso queridas, de la Casa Blanca”, sostuvieron los abogados del gobierno.
Tras conocerse el fallo, Trump celebró en redes sociales: “Great news for America”, y aseguró que el proyecto está adelantado en cronograma y por debajo del presupuesto, y que “perdurará como símbolo de la grandeza de América”.
El fallo no cierra la disputa, pero despeja el camino inmediato para que avance uno de los proyectos más ambiciosos (y polémicos) en la historia reciente de la Casa Blanca. Con financiamiento privado, revisiones en marcha y una demanda que podría reformularse, el destino final del salón de baile aún depende de próximos movimientos legales y administrativos.
