Después de que Montgomery y Prince George’s anunciaran un paquete de medidas para limitar la presencia de autoridades migratorias, el Concejo de Montgomery County avanzó con detalles y audiencias públicas sobre nuevas propuestas que buscan cerrar cualquier puerta legal a centros privados de detención y regular cómo operan los agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el condado. La discusión se intensifica en medio de casos recientes de detenciones que han sacudido a familias locales.
Blindar los permisos para frenar centros de detención
El eje de la estrategia es el “ICE Out Act”, presentado por el concejal Evan Glass. La propuesta impediría que el Departamento de Permisos del condado emita permisos de construcción o certificados de ocupación para centros privados de detención migratoria.
Glass explicó que ICE “está actuando rápidamente y tomando a las comunidades por sorpresa”, por lo que el condado decidió actuar de forma preventiva. La iniciativa define legalmente qué es un centro de detención migratoria y bloquea cualquier intento de establecer uno a través de propietarios privados.
“Nuestro proceso de permisos no puede ser explotado”, afirmó.
La medida responde directamente al intento federal de convertir un almacén en Washington County en un centro para hasta 1,500 personas, un proyecto que generó protestas y una demanda estatal por falta de revisión ambiental y consulta pública.
Más allá de los edificios: acceso, máscaras y propiedades públicas
Además del ICE Out Act, el Concejo debatió otras propuestas que apuntan al día a día de los operativos.
El “Unmask ICE Act”, impulsado por el concejal Will Jawando, prohibiría que agentes federales, estatales o locales usen máscaras mientras estén de servicio, con excepciones específicas como equipos SWAT o situaciones de riesgo ambiental. Para sus promotores, la medida busca reforzar la rendición de cuentas.
Por su parte, el “County Values Act”, patrocinado por la concejal Kristin Mink, impediría que ICE acceda a áreas no públicas de edificios del condado sin una orden judicial federal y prohibiría usar estacionamientos u otras propiedades públicas como puntos de operación. También establecería protocolos para que empleados reporten usos no autorizados.
Otra iniciativa, presentada por la concejal Kate Stewart, permitiría que familiares recuperen vehículos que queden en la vía pública tras una detención, evitando costos adicionales para hogares ya afectados.
Testimonios que marcaron la audiencia
La jornada estuvo marcada por historias personales. Marc Briseño, estudiante de 17 años de Germantown, relató que su padre fue detenido por ICE y enfrenta deportación.
“Cuando se lo llevaron, los oficiales estaban enmascarados. Nunca lo olvidaré”, dijo ante el Concejo, pidiendo que aprueben las medidas porque “los niños merecen estabilidad”.
También se mencionó el caso de Ludovic Mbock, de 38 años, detenido por ICE en Baltimore y trasladado a centros en Luisiana y Georgia. Su abogado, Edward Neufville, advirtió que, al ser abiertamente gay, su cliente no estaría seguro si es deportado a Camerún.
Aunque las propuestas aún no han sido votadas, el mensaje del Concejo es claro: usar el poder local (permisos, acceso a instalaciones y reglas de transparencia) para limitar la expansión de centros privados de detención y reforzar controles sobre operativos federales. En un condado con una amplia población inmigrante, el debate ya no es solo legal o político; es una discusión directa sobre estabilidad familiar, acceso a información y límites entre jurisdicciones.
