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Leyes, demandas y casos reales frenan a ICE en la región

ICE sigue expandiéndose, pero Maryland y DC responden con leyes, demandas judiciales y casos que muestran el costo humano de estas operaciones.

Foto de EFE.

Hace unas semanas hablamos de cómo Montgomery County estaba fortaleciendo sus leyes para limitar la presencia de ICE y proteger a las comunidades inmigrantes. Hoy la historia sigue. ICE sigue moviéndose, comprando instalaciones y planeando centros de detención, mientras los gobiernos locales y el estado buscan frenar estas acciones con leyes y demandas judiciales. Y no solo aquí, este pulso entre expansión federal y protección local se ve también en DC y otros estados.

Hagerstown: ICE compra, Maryland frena

Recordemos que ICE compró un almacén enorme (800,000 pies aprox) cerca de Hagerstown, Maryland, para convertirlo en un centro de detención de hasta 1,500 personas. La agencia asegura que la instalación cumplirá con los estándares de detención y que se realizaron estudios de impacto comunitario, pero Maryland demandó a ICE y DHS, argumentando que no se completó un estudio ambiental y que las obras podrían afectar ríos y especies locales. Un juez federal emitió esta semana una orden temporal que detiene la construcción mientras la demanda sigue su curso.

Montgomery County avanza con el County Values Act

El comité del concejo del condado aprobó unánimemente el “County Values Act”, que limita la entrada de ICE a áreas no públicas de edificios del condado sin una orden judicial. La medida también capacita a los empleados sobre cómo responder a solicitudes de acceso de agentes federales. La concejala Kristin Mink dijo que quieren que quede claro que la propiedad del condado “no se va a usar para detenciones de personas por ICE” y que harán todo lo posible para dificultar operaciones federales. El pleno del concejo votará la ley el 24 de marzo.

El debate sigue en la región

Para entender por qué estas medidas importan, basta ver lo que está pasando en DC. La jueza federal Beryl Howell volvió a presionar al gobierno sobre si ICE está cumpliendo su orden que prohíbe arrestos civiles sin una orden judicial. La discusión gira en torno a la excepción para personas consideradas en riesgo de fuga: ¿puede alguien esperando un bus o yendo al trabajo ser detenido sin orden? La administración federal asegura que bajo ciertas circunstancias sí, pero grupos comunitarios alertan que esto podría ampliar arrestos arbitrarios.

Ese debate tiene cara y nombre en Maryland. José Argueta, de Maryland, fue detenido por ICE tras acudir a una estación de policía engañado por un oficial que le dijo que podía recoger su auto robado. Argueta estuvo detenido un mes y sigue enfrentando procedimientos de deportación. Su caso puso en evidencia un posible intercambio de información ilegal entre la policía de DC y ICE, violando la Sanctuary Values Act.

En Maryland y DC, el patrón es claro: ICE avanza, y los gobiernos locales responden con leyes y demandas. El próximo momento clave será el 24 de marzo, cuando el pleno de Montgomery County vote el County Values Act. Mientras tanto, los tribunales siguen siendo el otro campo de batalla.

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