25 estados gobernados por republicanos iniciaron un litigio federal en apoyo a la revocación del “dictamen de peligro” de 2009 (“endangerment finding”, en inglés) por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), acción con la cual la Administración Trump eliminó la regulación sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Por Irene Sarabia, Huella Zero
Los estados argumentan que el dictamen de peligro “frenó actividades fundamentales a nivel estatal a cambio de beneficios insignificantes” y apoyan que la EPA avance en la derogación, según publicaron medios nacionales.
Los estados buscan participar en el caso como “intervenors” (intervinientes) para proteger la derogación frente a las contrademandas presentadas.
La EPA derogó la declaración el 12 de febrero. En el dictamen se afirmaba, con evidencia científica, que los gases de efecto invernadero (entre ellos el CO₂ y el metano) suponen una amenaza para la salud y el bienestar públicos.
La revocación anula las normas federales sobre emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos ligeros, medianos y pesados, según la propia EPA.
Grupos ambientalistas, de salud pública y una coalición de jóvenes iniciaron demandas contra la eliminación de la norma. Se espera que estados gobernados por demócratas también presenten sus propias acciones legales en defensa del dictamen de peligro.
¿Por qué EPA elimina el dictamen de peligro sobre los gases de efecto invernadero?
La agencia federal afirmó que la medida representa un ahorro para los estadounidenses debido a que los fabricantes de automóviles podrán reducir los costes de fabricación, al tiempo que se eliminan las restricciones federales sobre las operaciones petroleras y gasísticas.
“Esta decisión por sí sola supondrá un ahorro de más de un billón de dólares en costes, además de abaratar los vehículos nuevos en 2,400 dólares y poner fin a 16 años de restricciones a la libertad de elección de los consumidores estadounidenses”, dijo el director de la EPA, Lee Zeldin, en un artículo publicado el 13 de marzo en Washington Reporter.
Pero esta decisión dificulta la regulación de la emisión de gases de efecto invernadero en el futuro; además, representa una amenaza para la salud pública y el bienestar de los estadounidenses, sobre todo para los latinos.
Los efectos de eliminar la normativa
Aunque la EPA afirma que los estadounidenses verán sus bolsillos beneficiados con estas medidas, Peter Zalzal, del Fondo de Defensa Ambiental, le dijo a BBC que en realidad los ciudadanos gastarán ahora más dinero.
Según estudios, se gastará alrededor de $1,4 billones en combustible adicional para impulsar estos vehículos menos eficientes y más contaminantes.
“También hemos analizado los impactos en la salud y hemos descubierto que la medida provocará hasta 58,000 muertes prematuras adicionales y 37 millones de ataques de asma adicionales”, añadió Zalzal. Asimismo, podría limitar la cantidad de vehículos estadounidenses que se venden en el mundo.
En Estados Unidos millones de comunidades serán impactadas, una de las más afectadas será la comunidad latina.
El 50% de los hispanos en los Estados Unidos viven en cuatro estados que afrontan graves efectos negativos asociados con la crisis climática y la contaminación ambiental: California, Texas, Arizona y Nuevo México, según datos de Moms Clean Air Force.
De hecho, 7 de cada 10 adultos dice que el cambio climático afecta su comunidad.
De acuerdo con el National Center for Farmworker Health, el 83% de los trabajadores agrícolas se identifican como hispanos, quienes trabajan al aire libre constituyen un porcentaje desproporcionadamente alto.
Antonieta Cádiz, directora ejecutiva de Climate Power En Acción, advirtió que alrededor de 1.8 millones de latinos viven a menos de media milla de una instalación petrolera o de una estación de gas, lo que contribuye a las altas tasas de asma.
“Nuestras comunidades enfrentan una doble amenaza: vivimos cerca de fuentes de contaminación y muchos trabajan al aire libre en la agricultura y la construcción, sin poder escapar de la contaminación. Acabar con la 'declaración de peligro' sólo empeorará todos estos problemas. Cuando sube la polución, suben el asma, los problemas cardíacos, los días perdidos de escuela y de trabajo y las cuentas médicas, que ya son imposibles de pagar”, expresó en un artículo de opinión firmado por ella y por Raúl Ruiz, médico y representante del distrito 25 de California.
“No tenemos por qué respirar esta mentira. No nos pidan que confiemos mientras desactivan la alarma. Un gobierno que desactiva la protección de la calidad del aire no está defendiendo a las familias: está del lado de los contaminadores. No lo aceptamos. Contaminar no es un derecho. Respirar sí”, escribió.
