Hay momentos en esta carrera que no se anotan en una libreta, se quedan en el alma. Rostros, familias, separaciones, lágrimas… y también reencuentros.
Durante tres décadas recorriendo las calles de esta ciudad, he sido testigo del dolor de muchos y de la alegría de otros por pequeños —y a veces grandes— logros. También he visto la rabia de quienes aún no comprenden que Estados Unidos es hoy un país diverso, donde el mundo entero se encuentra en su capital.
Han sido años cuestionando a políticos, escuchando a comunidades y exigiendo rendición de cuentas.
En el año 2000 soñábamos con un gran titular: “Se aprueba la reforma migratoria”. Ese sueño, con el tiempo, se fue diluyendo.
Hoy, una reforma migratoria integral parece imposible. Y lo que antes parecía poco, hoy se recibe como un tesoro: pequeñas medidas que apenas nos sacan del estancamiento.
35 años en la montaña rusa
En 2008, la batalla contra la inmigración indocumentada no estaba en Arizona ni en Maricopa. Estaba aquí, en Virginia, en el condado de Prince William, donde supervisores como Cody Stewart habían convertido el tema migratorio en su caballito de batalla. Familias abandonaron sus casas. Niños dejaron de ir a la escuela. Un éxodo silencioso sacudió a un condado que apenas empezaba a mirarse en el espejo de su nueva demografía.
Las audiencias empezaban con una oración y terminaban con insultos. En una de ellas, una mujer se refirió a los inmigrantes como si fueran perros. Al terminar su testimonio, se le acercó una periodista de El Tiempo Latino para preguntarle por qué había dado esa declaración. La respuesta no fue una respuesta. Fue una exigencia: "Muéstrame tus papeles. Muéstrame tu licencia".
"Le dije: no te tengo que contestar eso, yo te estoy haciendo la pregunta", cuenta Milagros Meléndez, quien cubría esas audiencias y reportaba inmigración desde este periódico. "Se puso bien altanera y entonces dije: aquí dejamos la entrevista".
No lo cuenta con amargura. Lo cuenta porque es parte de la historia, la misma historia que lleva 35 años cubriendo, y que sigue sin tener el final que la comunidad espera.
35 años de puertas que se abrieron y se cerraron
Cuando El Tiempo Latino nació en marzo de 1991, había 3.5 millones de indocumentados en Estados Unidos. Cinco años antes, Ronald Reagan había promulgado una ley de amnistía que permitió a millones obtener su residencia permanente. Parecía sentar un precedente. No lo fue.
En 1996, con el Congreso en manos republicanas y un presidente demócrata en la Casa Blanca, Bill Clinton firmó una de las leyes migratorias más duras de la historia del país. El "castigo de 3 y 10 años" dejó a los deportados sin posibilidad de regresar legalmente durante años. Eliminó la sección 245 (i) del código migratorio, que permitía a muchos legalizarse sin salir del país. De un plumazo, cerró puertas que llevaban décadas abiertas, puertas que siguen cerradas para personas que hoy llevan 20 o 30 años construyendo su vida aquí.
El 11 de septiembre de 2001 enterró otra oportunidad. Ese año, Bush y el presidente mexicano Vicente Fox estaban a punto de cerrar un acuerdo para legalizar a cerca de tres millones de trabajadores. Los ataques lo sepultaron todo. Lo que vino en su lugar fue un clima de sospechas que puso a los indocumentados en el centro de una tormenta que no habían provocado.
En 2006, la ley Sensenbrenner, que no solo penalizaba al indocumentado sino a quien le diera alojamiento o transporte, despertó al gigante dormido. El 10 de abril de ese año, entre cien mil y medio millón de personas marcharon en Washington. Desde las ventanas de las oficinas de El Tiempo Latino en Clarendon, Virginia, el equipo vio el mar de gente avanzar hacia el Capitolio. Era la comunidad diciéndole al país que existía.
Pero las marchas no bastaron. El Dream Act falló en 2006, 2007, 2009, 2010 y 2012. En 2013 llegó el momento que más cerca estuvo de cambiar todo: el "Gang of Eight", ocho senadores bipartidistas — entre ellos un joven Marco Rubio — con una propuesta concreta para dar un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas; conversaciones reales, un optimismo que se sentía distinto. También se bloqueó.
Ese mismo año terminó con un ayuno nacional, 22 días el sindicalista Eliseo Medina, 40 el pastor Samuel Rodríguez. La reforma tampoco llegó.
En 2012, ante el bloqueo legislativo, Obama creó DACA por decreto ejecutivo: una protección temporal para jóvenes traídos de niños, renovable cada dos años. No era la reforma. Era una promesa de no deportar, sin garantías de permanencia, que hoy sigue bajo amenaza judicial.
2021 - 2026: la esperanza tampoco fue
Biden llegó en enero de 2021 con la propuesta de legalizar a 11 millones de indocumentados. Firmó órdenes ejecutivas el primer día. El Tiempo Latino cumplía 30 años y la portada guardada en el cajón parecía más cerca que nunca. No ocurrió. A pesar del control demócrata inicial del Congreso, la reforma migratoria integral nunca llegó al Senado. Las elecciones de medio término de 2022 cerraron la ventana. Cuatro años pasaron y la comunidad quedó exactamente donde estaba.
En enero de 2025, Trump comenzó su segundo mandato con una agenda más agresiva que la primera. Firmó la Orden Ejecutiva 14159 para ampliar detenciones y deportaciones. Impulsó el Laken Riley Act, que exige detener sin posibilidad de fianza a indocumentados acusados de ciertos delitos. Intentó eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense, un derecho consagrado en la 14ª Enmienda. Cinco tribunales lo bloquearon. El caso llegó a la Corte Suprema, que aceptó revisarlo con una decisión esperada para el verano de 2026.
En los primeros 10 meses de su segundo gobierno, al menos 200,000 latinoamericanos fueron deportados, casi seis veces más que en el mismo período de la administración Biden. Por primera vez en más de 50 años, la población inmigrante de Estados Unidos comenzó a disminuir: de 53.3 millones en enero de 2025 a 51.9 millones en junio. La administración también canceló el TPS para Venezuela, Afganistán, Camerún, Nepal, Haití, Nicaragua y Honduras, todas las cancelaciones bajo impugnación judicial.
El miedo tiene dirección
La comunidad latina en Estados Unidos alcanzó un récord de más de 68 millones de personas en 2024. Es la minoría más grande del país, la de crecimiento más acelerado en creación de negocios, una fuerza económica y cultural sin la cual, como repiten economistas e historiadores, el país no funcionaría igual.
Y vive con miedo.
Una encuesta del Pew Research Center reveló que el 42% de los hispanos en el país teme que ellos o un ser querido sean deportados. Uno de cada 25 adultos empezó a cargar consigo documentos que prueben su estatus. Uno de cada 50 dejó de usar servicios públicos, incluida la atención médica. En 2025 se eliminaron las protecciones en lugares sensibles (escuelas, iglesias, hospitales) espacios que durante décadas habían funcionado como zonas de paz. Los arrestos de ICE se duplicaron respecto a 2024.
Hace poco, en este mismo 2026, una familia se despedía en un aeropuerto de la región. El esposo y el hijo mayor ya habían sido deportados. La madre y el hijo menor, un niño ciudadano americano; se iban también, a un país que ya casi no conocían, porque sentían que aquí ya no había lugar para ellos. Eran personas que trabajaban, que aportaban, que habían echado raíces. Se fueron igual.
Lo que se logró y lo que aún falta
Treinta y cinco años no son un vacío. La amnistía de Reagan en 1986 legalizó a millones. El TPS salvadoreño de 1990 fue la primera protección formal para inmigrantes, la razón de ser de este periódico en sus primeros años. DACA en 2012 cambió la vida de cientos de miles de jóvenes que no conocían otro país. La comunidad creció, se organizó, llegó a las urnas.
Pero ninguno de esos logros fue la reforma. Y todos son frágiles, sujetos a la voluntad del partido que gobierne, al humor del Congreso, a una orden ejecutiva que puede deshacerse con otra orden ejecutiva.
Lo que falló no fue solo la voluntad política. Fueron también las estrategias. Bush intentó una reforma que los propios inmigrantes rechazaron, y quince años después se mendigaban cosas menores a las que él había propuesto. El Dream Act estuvo a cuatro votos en el Senado, cuatro votos de demócratas que no quisieron darlo, porque el activismo pedía la reforma completa o nada.
"Si hubieran apoyado esas pequeñas legislaciones, esa gente ya estuviera legalizada, y los padres de ellos también", dice Meléndez. "Pero querían todo el pastel. Y nos quedamos sin nada".
Es la imagen del perro del hortelano: suelta el hueso que tiene en la boca para atrapar el que ve reflejado en el agua, y termina sin ninguno de los dos.
Hoy lo que falta sigue siendo lo mismo que faltaba en 1991, una reforma migratoria integral. Protección permanente para los beneficiarios de DACA. Estabilidad del TPS. Un camino a la ciudadanía que no dependa de quién ocupa la Casa Blanca.
Treinta y cinco años... es toda una vida. Hemos visto pasar presidentes de ambos partidos, promesas firmadas con plumas de oro y marchas que hicieron temblar el suelo de Washington. Pero aquí estamos, en 2026, viendo cómo familias se siguen despidiendo en los aeropuertos y cómo el miedo quiere dictar por dónde camina nuestra gente mientras sigue aportando, creciendo y, sobre todo, resistiendo.
