La deuda hipotecaria de los hogares estadounidenses superó los 13 billones de dólares en 2025, un récord histórico. ¿Y tú, que llevas años ahorrando para entrar a ese mercado, sabes quién te está protegiendo hoy?
La respuesta corta es: nadie.
En menos de un año, la administración Trump desmanteló de forma sistemática las principales herramientas que protegían al comprador de vivienda, y en particular a las familias latinas e inmigrantes. No fue un accidente ni una serie de decisiones aisladas. Fue un patrón, y Lorelei Salas, quien fue directora de Supervisión de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor hasta febrero de 2025, lo llama por su nombre: "Hemos visto a través de todas las agencias del gobierno federal iniciativas para reducir protecciones para personas que son no ciudadanas, que son inmigrantes".
Un patrón, no una coincidencia
Las decisiones llegaron en cascada. Desde el 25 de mayo de 2025, el Departamento de Vivienda eliminó el acceso a los préstamos FHA para todos los residentes no permanentes: receptores de DACA, personas con TPS, trabajadores con visa H-1B. No hablamos de indocumentados, esos nunca calificaron. Hablamos de médicos, enfermeras, ingenieros con trabajo estable, crédito establecido y años de historial financiero en este país. La Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda derogó la regla que obligaba a Fannie Mae y Freddie Mac (las dos instituciones que garantizan la mayoría de las hipotecas convencionales del país) a rendir cuentas sobre sus préstamos en comunidades desatendidas. La SBA (Small Business Administration) canceló préstamos para no ciudadanos, golpeando al sector de emprendedores latinos, que en los últimos años ha generado más empleo que cualquier otro grupo de comerciantes en el país.
Y sobre todo eso, cayó la CFPB.
La agencia creada tras la crisis de 2008 para vigilar que los bancos no abusaran de los consumidores fue paralizada en los primeros días de la administración. Salas renunció cuando le ordenaron detener todas las supervisiones. "No creo que sea apropiado ni legal", escribió al salir. Hoy, con la agencia prácticamente inoperante, los bancos y prestamistas saben que nadie los está mirando. "El CFPB está prácticamente muerto", dice Salas. "Si quieres invertir ya, primero que no hay nadie revisando esa compañía".
Lo que eso significa en la práctica lo ilustra mejor que cualquier estadística una historia que Salas recuerda de su tiempo en la agencia: una mujer estuvo a punto de perder su casa por no haber obtenido una firma notarial. El banco abrió un proceso de embargo sin avisarle las razones. El equipo de Salas lo descubrió revisando el archivo, le mandó instrucciones al banco, y el banco corrigió el error. La señora conservó su casa y nunca se enteró de que alguien había intervenido. Ese trabajo, dice Salas, ya no está pasando.
El golpe más silencioso es el que afecta a familias de estatus migratorio mixto; donde un miembro tiene residencia y otro está en proceso. Para ellas, el nuevo escenario no solo cierra puertas: las empuja a elegir entre separarse o quedarse sin vivienda, mientras la renta sigue subiendo y cada vez más personas recurren a productos como Buy Now, Pay Later hasta para pagar el alquiler. Instrumentos sin las protecciones básicas de una tarjeta de crédito, y sobre los que hoy tampoco hay nadie mirando.
¿Qué puedes hacer?
El consejo de Salas para quien aún quiera intentarlo es tan práctico como revelador: si tienes residencia permanente, tramita la ciudadanía cuanto antes. Si vas a comprar, hazlo con alguien que ya la tenga. Revisa tu historial de crédito y págale una hora a un abogado para que lea el contrato contigo, porque los bancos lo adaptan a tu perfil y ya nadie los supervisa.
¿Tiene reversa todo esto? "Es más fácil destruir que construir", dice Salas. Cree que la voluntad política para reconstruir existe, pero que tomará tiempo. Mientras tanto, la única protección real disponible es la que cada quien pueda pagarse.
Para los demás, el mercado sigue abierto. Solo que ahora nadie cuida la puerta.
Lorelei Salas fue directora de Supervisión de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) hasta febrero de 2025, cuando renunció tras la orden de paralizar todas las actividades de supervisión de la agencia.
