El Consejo de Washington DC tomó una decisión histórica el martes al anular el veto de la alcaldesa Muriel Bowser sobre la Ley de Enmienda de Transparencia en Arrestos (FAAR, por sus siglas en inglés), diseñada para aumentar la rendición de cuentas de los agentes federales durante arrestos en la capital. La medida, que se había aprobado por unanimidad, ahora se convierte en ley sin necesidad de la firma de la alcaldesa.
Qué establece la FAAR Act
La FAAR Act obliga al Departamento de Policía Metropolitana (MPD) a documentar la participación de agentes federales en arrestos, detallar cualquier uso de fuerza y publicar el material grabado por las cámaras corporales involucradas. Antes de esta ley, solo se requería esta documentación cuando los oficiales eran parte del MPD. Con la FAAR Act, los residentes y víctimas podrán conocer nombres, agencias y circunstancias exactas de los incidentes que involucren fuerza federal.
At-Large Councilmember Robert White, patrocinador de la medida, enfatizó: “Cuando los oficiales federales usan la fuerza en el Distrito, las víctimas y sus familias no deberían adivinar quién estuvo allí, quién la utilizó o qué ocurrió. La transparencia no debería ser opcional cuando está en juego la vida de alguien”.
Por qué el Concejo ignoró el veto de Bowser
La alcaldesa Bowser había vetado la legislación la semana pasada, argumentando que los asuntos que involucran a la policía federal deben resolverse a nivel federal y que la ley podría resultar redundante o generar cargas adicionales al MPD. Sin embargo, los miembros del Concejo sostuvieron que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, sobre todo en casos que afectan la seguridad y derechos de los ciudadanos.
Grupos de derechos civiles, como ACLU de D.C., aplaudieron la decisión del Concejo, calificándola como un paso significativo hacia una mayor supervisión de la policía y protección de los derechos de los residentes, periodistas y manifestantes.
Casos que motivan la ley
Uno de los incidentes que reforzó la urgencia de la ley fue el caso de Phillip Brown, quien el pasado octubre fue baleado por un agente de Homeland Security Investigations (HSI) mientras estaba desarmado dentro de su vehículo. El agente federal patrullaba junto a oficiales del MPD y abrió fuego alegando que Brown intentó huir y se dirigió hacia ellos. La documentación inicial no incluía información sobre la identidad del agente ni su agencia, y el caso contra Brown fue desestimado por un juez de DC.
White insistió: “Si los ofQué se espera ahora
iciales federales disparan sus armas a personas en DC, lo mínimo que podríamos hacer es decir: ¿Cuál es tu nombre y a qué agencia perteneces?”.
Con la aprobación de la FAAR Act, se espera que el MPD implemente un sistema para registrar la participación de agentes federales y publicar los videos de uso de fuerza, fortaleciendo la transparencia en las calles de DC. Además, la ley marca un precedente para futuras legislaciones sobre supervisión policial y equilibrio entre seguridad pública y derechos civiles.
