La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el miércoles de esta semana argumentos orales en uno de los casos más trascendentales en décadas: si el presidente Donald Trump puede restringir la ciudadanía por nacimiento mediante orden ejecutiva. Las primeras señales desde el estrado sugieren escepticismo entre varios jueces, en un debate que podría redefinir el alcance de la Enmienda 14 y afectar a millones de familias.
Hielo fino bajo los pies de Trump
En el centro del caso —Trump v. Barbara— está cómo se interpreta la Enmienda 14, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos es automáticamente ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La orden ejecutiva de Trump busca excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales, argumentando que no están “sujetos a la jurisdicción” del país.
Tribunales federales bloquearon inicialmente la medida por considerarla probablemente inconstitucional, y las cortes de apelación confirmaron esa postura. La Corte Suprema permitió que el caso avanzara parcialmente, pero aún no ha emitido un fallo definitivo; se espera entre finales de junio y principios de julio.
Trump apareció en persona ante la Corte, casi como este meme de Bob Esponja, tratando de blindar su cruzada contra la ciudadanía automática. Los jueces dejaron claro que su orden ejecutiva camina sobre hielo muy fino. John Roberts calificó de “peculiar” el razonamiento del gobierno y recordó que, aunque hoy “8,000 millones de personas están a un vuelo de distancia”, la Constitución sigue siendo la misma.
La disputa se centra en cuatro palabras de la Enmienda 14: “sujeto a su jurisdicción”. La Casa Blanca sostiene que solo deberían ser ciudadanos automáticos los hijos de al menos un padre con estatus legal permanente, mientras que los tribunales y la American Civil Liberties Union (ACLU) defienden la interpretación vigente desde 1898 (Wong Kim Ark), que reconoce la ciudadanía a casi todos los niños nacidos en EEUU, salvo casos excepcionales como diplomáticos o ejércitos invasores.
Preguntas incómodas en el estrado
Los jueces hicieron preguntas directas sobre la lógica del gobierno. Brett Kavanaugh sugirió que el caso podría resolverse reafirmando precedentes históricos como el de 1898 (United States v. Wong Kim Ark), que consolidó la ciudadanía por nacimiento.
Las juezas Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson advirtieron que revisar el estatus legal de cada padre podría causar caos administrativo, con investigaciones invasivas y disputas legales interminables.
Roberts resumió el dilema: “No sé cómo se puede ampliar un grupo tan pequeño de excepciones a una clase tan grande de personas”. Traducción: la idea de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento no convence ni a los suyos.
La defensa de Trump
El gobierno argumenta que la ciudadanía automática atrae inmigración irregular y genera lo que llaman “turismo de nacimiento”. Trump, por su parte, no se guardó nada: en Truth Social calificó de “estúpido” que EEUU mantenga el ius soli y aseguró que la Enmienda 14 se hizo solo para “hijos de esclavos”, no para hijos de inmigrantes.
Manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema en Washington, DC, mientras los jueces escuchan los argumentos del caso Trump v. Barbara, que cuestiona la ciudadanía por nacimiento garantizada por la Enmienda 14. | Foto de EFEEPAJIM LO SCALZO
Un debate que viene de lejos
La ciudadanía por nacimiento se consolidó tras la Guerra Civil para revertir decisiones como el caso Dred Scott, que negaba la ciudadanía a personas negras. Desde entonces, ha sido reafirmada por más de 150 años de práctica legal.
De hecho, el precedente clave de 1898 (Wong Kim Ark) estableció que incluso hijos de inmigrantes son ciudadanos si nacen en suelo estadounidense.
Aunque Trump la presenta como una excepción, al menos 33 países —Canadá, México, Brasil— también reconocen la ciudadanía por nacimiento.
El impacto real en la vida de millones
Limitar la ciudadanía a hijos de padres con estatus legal podría dejar sin derechos básicos a millones de menores: trabajo formal, programas sociales, voto. Según el Latino Policy & Politics Institute de UCLA, alrededor del 75% serían latinos y un 12% asiático‑estadounidenses. Algunos podrían incluso quedar apátridas si los países de origen de sus padres no los reconocen, creando una especie de “sistema de castas” dentro de EEUU.
Para las comunidades latinas, el debate es muy real. Hospitales, escuelas y gobiernos locales tendrían que verificar el estatus de los padres desde el primer día, con riesgo de discriminación y vigilancia. Niños nacidos en EEUU podrían crecer sin acceso pleno a educación, salud o empleo formal, profundizando desigualdades.
La Corte aún no decide, pero el tono de los argumentos sugiere que varios jueces podrían inclinarse por mantener el precedente histórico. El fallo final será decisivo: podría reafirmar un principio centenario o abrir la puerta a una transformación radical del concepto de ciudadanía en Estados Unidos.
