Maryland planea un nuevo centro de detención, Baltimore mejora sus salas de ICE tras un fallo judicial y las protestas ciudadanas crecen frente a los cambios. Estas decisiones impactan a residentes e inmigrantes, entre preocupaciones de seguridad, derechos humanos y gastos públicos.
Seguimos con el centro de detención en Washington County
ICE planea adaptar un almacén cerca de Hagerstown, Maryland, con capacidad para instalar hasta 1,500 camas, aunque la agencia asegura que solo se utilizarán entre 500 y 600 en cualquier momento. Un análisis ambiental completado en enero determinó que el centro podría alojar hasta 542 detenidos: 32 con discapacidades y 62 con necesidades especiales de alojamiento.
Funcionarios federales siguen desafiando las afirmaciones del estado sobre el impacto ambiental. ICE sostiene que la cifra máxima es solo una precaución y que no habrá problemas de agua o alcantarillado.
Protestas y preocupaciones locales
Las protestas contra ICE siguen, con residentes y activistas alertan sobre seguridad, salud y gasto público. La doctora Kate Sugarman, de Montgomery County, dijo: “He revisado innumerables registros médicos de personas en campos de ICE que están siendo negadas atención médica”.
Algunos, como el activista Shaun Porter, defienden la instalación: “No vamos a tener problemas con atención médica para inmigrantes que solo estarán un corto tiempo antes de ser deportados”. La compra de más de $94,000 en equipo antidisturbios generó críticas sobre el uso de fondos públicos.
Mejoras en Baltimore tras fallo judicial
En Baltimore, un juez federal declaró las condiciones de las salas de detención de ICE inconstitucionales, considerándolas una violación a los derechos de la Quinta Enmienda, y ordenó reformas inmediatas. Como resultado, la capacidad máxima de las salas se redujo de entre 130 y 200 personas en la práctica a 56. Amelia Dagen, abogada sénior del AMICA Center for Immigrant Rights, explicó: "Todos ahora tienen suficiente espacio para poder moverse y acostarse".
El caso de Favel Antonio Lemus, un inmigrante guatemalteco detenido en febrero, ilustra las condiciones previas al fallo: seis días en una sala de aproximadamente 12 por 30 pies junto a otras 75 personas, sin acceso a ducha y con cortes de agua intermitentes que impedían incluso lavarse las manos.
Los cambios reflejan un choque entre políticas federales y preocupaciones locales. Mientras se busca el cumplimiento de derechos humanos y normativas legales, los residentes permanecen divididos entre el apoyo a la gestión federal y las críticas por seguridad y gasto público.
