La tarifa de $100.000 que Donald Trump impuso en septiembre de 2025 a cada nueva solicitud de visa H-1B fue declarada inconstitucional el lunes por un juez federal en Boston. El fallo de 42 páginas del juez Leo Sorokin determinó que la tarifa constituye un impuesto que el presidente no tenía autoridad para crear sin aprobación del Congreso.
La decisión es un golpe directo a la estrategia migratoria de la administración Trump y un alivio para empresas tecnológicas, hospitales y universidades que dependen del programa H-1B para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados.
Qué dijo el juez y por qué importa
El juez Sorokin, del Distrito de Massachusetts, concluyó que la tarifa viola la Ley de Procedimiento Administrativo y que solo el Congreso tiene potestad para imponer impuestos a peticiones migratorias. "El presidente no tiene autoridad para imponer un impuesto a menos que dicho poder sea delegado por el Congreso a través de una ley", escribió Sorokin en el fallo.
La administración Trump argumentó que se trataba de un "pago regulatorio" y no de un impuesto, pero el juez rechazó esa distinción. "La sustancia y aplicación del pago de $100.000 revelan que es un impuesto, independientemente de cómo se le llame", indicó.
Solo 85 pagos se procesaron con la tarifa vigente
El programa H-1B ofrece 65.000 visas anuales, con 20.000 adicionales para trabajadores con títulos de posgrado de universidades estadounidenses. Antes de la proclamación de Trump, los empleadores pagaban entre $2.000 y $5.000 en tarifas por cada solicitud. Con la tarifa de $100.000 vigente, solo se procesaron 85 pagos al momento del fallo, una señal clara del efecto disuasorio de la medida.
La demanda fue presentada por los fiscales generales de 20 estados liderados por demócratas, quienes argumentaron que la tarifa afectaba gravemente al sector público, particularmente a hospitales y universidades que necesitan contratar profesionales especializados del exterior.
La Casa Blanca apelará el fallo
La vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers, confirmó que el gobierno apelará y citó un fallo de diciembre de 2025 en el que una jueza en Washington DC respaldó la autoridad del presidente para imponer la tarifa. "El presidente Trump tiene autoridad legal clara para restringir la entrada de cualquier clase de extranjeros que determine que no es en el mejor interés de Estados Unidos", dijo Rogers.
La contradicción entre ambos fallos sugiere que el caso podría llegar eventualmente a una corte de apelaciones o incluso a la Corte Suprema.
Qué significa para trabajadores latinos y empleadores
Aunque la visa H-1B beneficia principalmente a trabajadores de India (70% de los beneficiarios) y China (12%), la decisión tiene implicaciones para toda la economía. Los sectores más afectados por la tarifa incluyen tecnología, salud y educación, donde muchos empleadores dependen de trabajadores H-1B para cubrir vacantes que no logran llenar con candidatos locales.
Para los trabajadores latinos en esos sectores, la reducción de contrataciones H-1B puede significar menos competencia por puestos especializados, pero también menos inversión en las empresas que los emplean. El fallo restaura temporalmente las tarifas estándar de solicitud mientras avanza la apelación.
