El gobierno federal pagará $292 millones para alojar en apartamentos a los soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington DC, que hasta ahora se hospedaban en hoteles de toda la región. El anuncio se hizo el pasado viernes 24 de julio.
El contrato más grande de su tipo
La Guardia Nacional y la General Services Administration (GSA) adjudicaron el contrato a Placemakr, una empresa de alojamiento temporal, para habilitar hasta 2,000 unidades tipo apartamento. La GSA lo describió como la mayor adquisición interagencial de alojamiento en la historia de la Guardia Nacional.
Según la GSA, los apartamentos costarán la mitad de lo que el gobierno venía pagando por las habitaciones de hotel que las tropas ocupan desde septiembre pasado, además de ofrecer más privacidad, estacionamiento seguro y servicios consolidados.
Un despliegue que se alarga
La presencia de miles de soldados en la capital se extendería hasta el final del segundo mandato del presidente Donald Trump, pese al rechazo de varios líderes locales. El presidente del Concejo de DC, Phil Mendelson, ha pedido en repetidas ocasiones que retiren a las tropas de otros estados, y una demanda del fiscal general Brian Schwalb aún avanza en apelaciones. El tema se suma a otras tensiones sobre el control federal sobre las decisiones de la ciudad.
Cuánto cuesta y qué logra
Un grupo de investigadores del Center for American Progress concluyó que el despliegue no tuvo un impacto medible en la violencia, los homicidios ni los delitos con armas en DC. El estudio calcula que mantener las tropas hasta principios de 2029 podría acercar el costo total a los $4,000 millones; más de $1,700 millones corresponden solo a lo que va hasta finales de 2026, según estimaciones del Congreso previas al contrato.
El autor del estudio, Chandler Hall, sostuvo que el despliegue es ineficaz, que no está haciendo nada para que la gente esté más segura y que aun así cuesta miles de millones a los contribuyentes.
Por ahora, mientras las tropas se mudan a los nuevos apartamentos, el futuro del despliegue sigue en disputa en los tribunales.
