Veintidós estados y el Distrito de Columbia demandaron el lunes 3 de agosto a la administración de Trump para bloquear un plan que compartiría datos personales de millones de beneficiarios de programas de asistencia social con agencias de inmigración.
La demanda apunta a la Administración para Infancias y Familias (ACF), dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que planea entregar información de beneficiarios del programa TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) a partir del 11 de agosto.
Entre los datos en riesgo están el estatus migratorio, los números de Seguro Social y otra información personal de las familias inscritas en el programa.
El programa TANF entrega ayuda económica temporal a familias de bajos ingresos con hijos, mientras que SNAP financia la compra de alimentos para millones de hogares en todo el país.
¿Qué estados presentaron la demanda?
Nueva York, California, Arizona, Illinois, Kentucky, Pensilvania y Nuevo México encabezan la lista de los 22 estados y el Distrito de Columbia que se sumaron a la demanda.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, explicó que la administración busca usar como arma los programas contra la pobreza en un momento en que las familias ya enfrentan el aumento del costo de vida, según declaró en un comunicado.
El documento judicial argumenta que la administración utilizó todos los mecanismos a su disposición para erosionar las protecciones de confidencialidad de los beneficiarios.
¿Por qué preocupa el cruce de datos con inmigración?
Organizaciones de inmigrantes advierten que el riesgo de que sus datos lleguen a agencias migratorias puede hacer que familias elegibles eviten pedir ayuda alimentaria o económica por temor a una deportación.
El plan ocurre mientras el gobierno federal ya congeló más de $1.000 millones de fondos de Medicaid a dos estados este verano.
La tensión entre asistencia social y aplicación de leyes migratorias también se refleja en el mercado laboral, donde miles de trabajadores dependen de Medicaid y SNAP para complementar salarios bajos.
¿Qué sigue en el proceso legal?
Un tribunal federal debe decidir si frena el plan antes del 11 de agosto, fecha en la que la ACF planea comenzar a compartir la información según el cronograma original.
Si el plan avanza, los 22 estados demandantes podrían solicitar una orden de emergencia para suspenderlo mientras el caso continúa en corte.
Las familias que reciben TANF o SNAP pueden consultar con organizaciones locales de asistencia legal si tienen dudas sobre cómo la demanda podría afectar su caso.
