Un juez federal declaró esta semana en desacato civil a Vernon Liggins, entonces director adjunto de la oficina de ICE en Baltimore, por ordenar el rearresto de un residente del área de Baltimore pese a que varias órdenes judiciales lo prohibían expresamente.
Quién es Ibrahim Mohammed
Mohammed, un hombre etíope, pasó 13 meses alternando entre la custodia de ICE y la libertad. En 2024, un juez de inmigración determinó que no puede ser deportado a Etiopía por riesgo de tortura y persecución étnica.
En abril de 2026, el juez federal John deGravelles, con sede en Baton Rouge, Luisiana, ordenó que ICE no lo deportara a un tercer país sin antes reabrir formalmente su caso.
El rearresto del 28 de julio
Liggins ordenó personalmente que agentes detuvieran de nuevo a Mohammed el 28 de julio, con el pretexto de un monitor de tobillo defectuoso. ICE no le dio aviso de las razones del arresto, no realizó una entrevista informal ni confirmó que algún país aceptara recibirlo, entre ellos Esuatini, Guinea Ecuatorial o República Centroafricana.
Horas después de la detención, deGravelles emitió una orden de emergencia y ICE liberó a Mohammed el mismo día.
Por qué decide un juez de Luisiana
Mohammed presentó su petición de habeas corpus mientras estuvo detenido en Camp 57, la unidad de inmigración de la Penitenciaría Estatal de Luisiana, lo que le dio jurisdicción a deGravelles sobre el caso, aunque Liggins operaba desde la oficina de ICE en Baltimore.
Qué ordenó la corte
DeGravelles declaró a Liggins en desacato civil, ordenó el pago de daños compensatorios y honorarios de abogados a favor de Mohammed, y exigió que ICE siga el proceso legal estándar antes de intentar deportarlo de nuevo. El juez advirtió que impondrá sanciones más severas si sus órdenes vuelven a ser ignoradas.
Bridget Pranzatelli, abogada de Mohammed, dijo que la decisión deja claro que ICE, como cualquier agencia de las fuerzas del orden, debe seguir la ley. Agregó que aunque su cliente nunca recuperará el tiempo perdido por las detenciones repetidas, la compensación ordenada por la corte reconoce el daño real que sufrió.
No es un caso aislado
Liggins fue ascendido recientemente desde la oficina de Baltimore para supervisar varias oficinas de campo de ICE en la Costa Este. Su caso se suma a al menos otras tres decisiones judiciales recientes que sostuvieron a ICE o al Departamento de Seguridad Nacional en desacato, en California, Maryland y Minnesota.
La decisión llega apenas un día después de que una corte de apelaciones frenara a ICE en el caso de las iglesias cuáqueras de Baltimore, otro frente judicial abierto contra la agencia en la región.
Maryland ya había limitado por ley la colaboración de la policía local con ICE, y varios condados restringieron la presencia de la agencia en escuelas, hospitales y cárceles este año.
El caso de Mohammed continúa abierto mientras su abogada busca la reapertura formal de su proceso migratorio, tal como ordenó la corte en abril.
