La Oficina del Censo publicó el 10 de septiembre una propuesta que excluiría del conteo de 2030 a los 14 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, según estimaciones citadas por Al Jazeera. La medida se suma a otros cambios recientes impulsados por la administración Trump.
La propuesta también dejaría fuera a 2 millones de inmigrantes con permisos temporales, sin tarjeta de residente permanente. En conjunto, serían 16 millones de personas las que no contarían para determinar cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes.
¿Qué estados perderían representación?
Más de la mitad de la población indocumentada del país se concentra en seis estados. California alberga a 2,3 millones y Texas a 2,1 millones, seguidos por Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, según el mismo análisis.
Un estudio del Pew Research Center sobre el censo de 2020 encontró que California, Florida y Texas habrían perdido un escaño cada una en la Cámara si se hubiera removido a los indocumentados del conteo de ese año.
Terri Ann Lowenthal, exdirectora del subcomité de censo en la Cámara de Representantes, advirtió a Axios que el alcance de los cambios propuestos sorprende por cómo afectaría la distribución de fondos y representación.
Qué otros cambios incluye la propuesta
La regla, publicada en el Registro Federal, también eliminaría las preguntas sobre raza y etnicidad del cuestionario del censo, una práctica que se remonta a 1790. Se prohibiría además preguntar sobre orientación sexual.
Esas preguntas seguirían apareciendo en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), que se aplica cada año a una muestra menor de hogares y usa un método distinto de conteo.
El censo determina la distribución de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales cada año, incluido dinero para escuelas, hospitales e infraestructura pública, según la propia Oficina del Censo.
La propuesta abrió un período de 30 días para comentarios públicos, que vence en octubre, antes de poder convertirse en regla definitiva. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que su oficina explora opciones legales para impugnar la medida, luego de bloquear un intento similar durante el primer mandato de Trump.
Meeta Anand, directora del programa de censo en Leadership Conference on Civil and Human Rights, advirtió que excluir a millones de personas del conteo tendría un efecto drástico sobre la representación política de las comunidades inmigrantes.
Si la regla avanza, la Oficina del Censo deberá presentar el cuestionario final al Congreso en 2027, dos años antes de que arranque el conteo de 2030.
