La tarifa de $100.000 que el presidente Trump impuso a las nuevas solicitudes de visa H-1B podría volver, esta vez por la vía de un reglamento formal, después de que un juez federal anulara en junio la versión original del cobro. La Oficina de Asuntos de Información y Regulación de la Casa Blanca (OIRA) aprobó el 20 de agosto una nueva propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para actualizar la tarifa, un paso que allana el camino hacia su publicación pública.
Cómo llegó la tarifa H-1B a los tribunales
Trump firmó el 19 de septiembre de 2025 una proclamación que imponía un pago de $100.000 a los empleadores que solicitaran una nueva visa H-1B para trabajadores contratados fuera de Estados Unidos. La medida entró en vigor dos días después, el 21 de septiembre de 2025, y de inmediato generó rechazo entre empresas tecnológicas que dependen de ese programa para contratar personal especializado, gran parte proveniente de India.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos demandó a la administración en octubre de 2025, argumentando que la tarifa excedía la autoridad presidencial. Un juez federal le dio la razón en junio de 2026 y anuló el cobro, dejando sin efecto la proclamación original.
La Casa Blanca prepara una nueva versión por la vía regulatoria
En lugar de apelar únicamente el fallo, el DHS preparó una actualización de la tarifa que ahora sigue el proceso formal de reglamentación —con revisión de OIRA incluida— en vez de imponerse por decreto presidencial. Esa vía es más lenta, pero legalmente más sólida frente a nuevas demandas. La aprobación del 20 de agosto solo autoriza la publicación pública de la propuesta; no confirma montos ni fecha de entrada en vigor.
La actualización se suma a lo que medios especializados describen como una ola de acciones de la administración dirigidas al programa H-1B, que cada año otorga decenas de miles de visas a trabajadores extranjeros calificados, principalmente en tecnología, ingeniería y ciencias.
Quiénes quedaban exentos en la versión original
Bajo la tarifa de 2025, no todos los trámites requerían el pago de $100.000. Quedaban exentas las personas que ya estaban en Estados Unidos con otro estatus migratorio y cambiaban a H-1B, los trabajadores que extendían su visa, cambiaban de empleador o modificaban los términos de su petición, y las solicitudes presentadas antes del 21 de septiembre de 2025. Solo las contrataciones completamente nuevas de trabajadores en el extranjero debían pagar la tarifa completa.
Si el DHS mantiene un esquema de exenciones similar en la nueva propuesta, el impacto se concentraría de nuevo en empresas que buscan traer talento extranjero por primera vez, más que en quienes ya tienen una visa H-1B activa. Universidades que ya restringen pasantías a estudiantes internacionales por la incertidumbre migratoria podrían verse afectadas si la medida avanza.
El DHS aún no ha publicado el texto completo de la propuesta ni ha abierto el periodo de comentarios públicos que exige el proceso regulatorio. Hasta que eso ocurra, la tarifa de $100.000 de 2025 permanece sin efecto por el fallo judicial, y las empresas que dependen de visas H-1B seguirán operando bajo las reglas vigentes antes de la proclamación original.
