Se repite tanto que parece verdad: todo inmigrante sin papeles es un criminal. Lo dicen políticos y lo repiten las redes. Pero la ley de Estados Unidos no dice eso. Y la Corte Suprema tampoco.
En 2012, en el caso Arizona contra Estados Unidos, la Corte fue clara: estar en el país sin permiso, por sí solo, no es un delito federal. Es una falta civil que puede terminar en deportación, pero no en cárcel.
Aquí hay que ser precisos. Cruzar la frontera por un lugar no autorizado sí es una falta penal menor. Pero se comete al entrar, no después, y sólo puede juzgarse dentro de los cinco años siguientes.
Quedarse en el país sin papeles es otra cosa: no es un delito nuevo cada día que pasa. La excepción es quien ya fue deportado y vuelve a entrar. Eso sí es un delito grave, y se le puede acusar mientras siga en el país.
Las palabras importan. Indocumentado es quien hoy no tiene un permiso vigente. Residente permanente es quien tiene la green card y puede vivir y trabajar legalmente. Ciudadano es quien nació aquí o se naturalizó. Y «ilegal» no es una categoría de la ley: es una etiqueta.
Esa etiqueta mete en el mismo saco al estudiante con visa vencida, a quien espera su asilo y a quien perdió su protección temporal. Así es más fácil negar derechos.
Sea cual sea tu estatus, tienes derechos. Puedes guardar silencio. No estás obligado a abrir la puerta si el agente no trae una orden firmada por un juez. Puedes buscar un abogado. Y, en general, tienes derecho a una audiencia ante un juez de inmigración antes de ser deportado.
Este año la Corte Suprema dictó fallos que debes conocer. La buena noticia llegó el 30 de junio: la Corte anuló la orden que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento. Quien nace en EE.UU. es estadounidense, sin importar la situación de sus padres.
Pero hubo retrocesos. Un residente con green card que vuelve de viaje normalmente entra como residente. Ahora, si el agente de frontera sospecha que cometió ciertos delitos, puede tratarlo como un extranjero que pide entrar por primera vez, aunque no haya condena. Si tienes green card y un caso penal abierto, consulta a un abogado antes de viajar.
Además, decidió que los jueces casi no pueden revisar cuando el gobierno elimina el Estatus de Protección Temporal (TPS). Haitianos, sirios y venezolanos que vivían aquí legalmente lo pierden por una firma, no por algo que hicieron.
Defender a los inmigrantes no es pedir impunidad. Quien comete un delito debe responder ante un juez, con pruebas y defensa, como cualquier ciudadano. Pedimos que la ley se aplique como está escrita: ni más dura por el acento, ni más rápida por el pasaporte.
Lo aprendí como abogado, lo vivo como chileno – venezolano en Chile y lo enseño como educador: no basta con defenderte, tengo que fortalecerte. Y nada fortalece más que conocer tus derechos. Las sentencias son públicas. El registro documentado es el que es. Tú decides.
