WASHINGTON – El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, amenazó con retirar de algunas “ciudades santuario” los codiciados fondos del Departamento de Justicia para las autoridades estatales y locales a cargo de hacer cumplir la ley, diciendo que los lugares que no cumplían con una ley federal específica no serían elegibles para darles dinero.
“Insto a los estados y ciudades de nuestra nación a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos al negarse a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y a repensar estas políticas”, dijo Sessions desde la Casa Blanca. “Tales políticas hacen que sus ciudades y estados sean menos seguros y los pongan en riesgo de perder valiosos fondos federales”.
Sessions hace este anuncio a partir del veto migratorio que el presidente Donald Trump firmó en enero, pues otorgó al fiscal general la autoridad para sancionar a cualquier ciudad que no entregue con facilidad inmigrantes indocumentados para su deportación.
Este esfuerzo para castigar a las ciudades donde los líderes locales se niegan a entregar a inmigrantes indocumentados para su deportación es el último esfuerzo de la administración Trump para acabar con la inmigración ilegal.
Sessions dijo que el Departamento de Justicia tomará medidas para “recuperar los fondos otorgados a una jurisdicción” que violen la ley federal. El Departamento de Justicia otorgará más de 4.1 millardos de dólares en subsidios a jurisdicciones estatales y locales este año fiscal.
Sessions dijo que las jurisdicciones no serían elegibles para entregarles las subvenciones si no pueden certificar su obligación con una ley que esté contra el bloqueo del intercambio de información sobre el estatus migratorio de una persona con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
No está claro a qué jurisdicciones podría aplicarse. Algunas ciudades que impiden que sus empleados divulguen los datos migratorios de una persona tienen excepciones para situaciones en las que la ley lo exige, aunque está por verse si esas excepciones satisfacen las de Sessions. Y el simple hecho de negarse a honrar una solicitud de detención no pondría a una “ciudad santuario” en una situación violatoria de la ley, ya que el cumplimiento de tales peticiones no es requerido por el estatuto citado por Sessions.
El Fiscal General dijo que el Departamento de Seguridad Nacional publicó recientemente un informe que demuestra que en una semana hubo más de 200 casos de jurisdicciones que no cumplieron con las solicitudes de detención de ICE con respecto a personas acusadas o condenadas por un delito grave.
“Las acusaciones y condenas contra estos criminales incluyen tráfico de drogas, fugarse después de un choque o arrollamiento, violación, delitos sexuales contra un niño e incluso asesinato”, Señaló Sessions. “Tales políticas no pueden continuar y hacer a nuestra nación menos segura poniendo criminales peligrosos en nuestras calles”.
Sessions dijo que Maryland está considerando una ley que lo convertiría en un “estado de santuario”.
“Eso sería un error”, dijo Sessions acerca de la propuesta, a la que el gobernador republicano Larry Hogan se opone. “Yo le rogaría al estado de Maryland. Esta no es una buena política”.
El lunes, varios críticos de la política represiva de Trump contra las ciudades santuario dijeron que no tenían planes de revertir sus políticas y acusaron a Trump de interpretar erróneamente a inmigrantes indocumentados como criminales cuando los estudios muestran que sus comunidades tienden a ser más seguras.
El presidente pro tempore del Senado del estado de California Kevin de León, demócrata de Los Ángeles, patrocinador de un proyecto de ley que haría de California un estado de santuario, llamó a las amenazas de Sessions “nada menos que un chantaje”.
“En lugar de hacernos más seguros, la administración Trump está propagando el miedo y promoviendo un chivo expiatorio basado en la raza”, dijo en el comunicado. “Su método de poner un arma en la cabeza para obligar a las ciudades y condados resistentes a participar en la deportación masiva inhumana y contraproducente de Trump es inconstitucional y fracasará”.
El Comité de Abogados por los Derechos Civiles dijo que los ataques de la administración Trump a las ciudades de santuario “promueven señalamientos ilegales y la xenofobia”.
“El Fiscal General Jeff Sessions busca crear un estado policial en el que las autoridades locales y estatales estén actuando a instancias del gobierno federal para acorralar a los inmigrantes en comunidades de todo el país”, dijo Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del comité.
El Centro Nacional de Derecho de Inmigración destacó lo oportuno del anuncio de Sessions, poco después de la derrota de Trump en su plan para reformar el sistema de salud.
“De manera típica, están tratando de manipular el ciclo de noticias para distraer y desviar la atención hacia otro lugar”, dijo en un comunicado Kamal Essaheb, director de política y defensa del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.
Algunos funcionarios de la ciudad y del condado se quejaron de que la administración Trump no está examinando cuidadosamente las políticas de las ciudades santuario, las cuales varían.
En el condado de Montgomery, Maryland, por ejemplo, un portavoz dijo que el condado coopera con funcionarios federales de inmigración y protestó cuando el DSN dijo lo contrario.
“Creemos que estamos cumpliendo con las leyes que debemos cumplir”, dijo el portavoz Patrick Lacefield.
En Massachusetts, el alcalde de Somerville, Joseph Curtatone, dijo que su ciudad se ocupa de entregar a los funcionarios de inmigración aquellos que tienen graves antecedentes penales y personas acusadas de crímenes peligrosos.
Curtatone dijo que los planes de Trump pondrían en peligro a todos los residentes al retener dinero de seguridad pública que en el pasado ha financiado programas como clases de autodefensa para prevenir la violación.
“No estamos albergando a ningún criminal”, dijo Curtatone. “Es peligroso cuando te encuentras con quienes tienen autoridad y poder pero no cuentan con la suficiente información para hacer tales declaraciones”.
*Matt Zapotosky y John Wagner, del Washington Post, contribuyeron a este informe.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
