El pasado viernes 26 de septiembre, la Policía Nacional de Nicaragua emitió un comunicado en el que calificó las protestas pacíficas de “ilegales”, agregando que cualquier hecho violento o crimen durante las manifestaciones sería responsabilidad de los organizadores.
Esto elevó la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo consideró contrario a los estándares interamericanos porque inhiben el ejercicio de “los derechos inherentes a una sociedad democrática”.
El organismo internacional, que ha estado trabajando en el país centroaméricano desde que las protestas se empezaron a encrudecer, lleva contabilizadas al menos 326 muertes aunque el gobierno de Daniel Ortega reconozca únicamente 199.
Asimismo, la CIDH ha denunciado que desde abril se han registrado al menos 300 presos que han sido detenidos por causas políticas. De todas formas, la Policía Nacional amenazó en su comunicado con también enjuiciar a los que convoquen nuevas manifestaciones.
A pesar de que esto es considerado como un movimiento del régimen nicaragüense para frenar el estallido social que desde abril ha solicitado la salida del mandatario, es importante considerar que existe un precedente en la historia de Nicaragua.
La dictadura de Anastasio “Tachito” Somoza Debayle, quien gobernó por más de 40 años, ilegalizó las manifestaciones como medida de protesta, al igual que los paros y huelgas, en 1979. Ese mismo año cayó el régimen en manos de la revolución sandinista en la que Ortega participó.
Una economía paralizada que va en picada
Este lunes 1 de octubre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) emitió un informe en el que muestra lo afectada que se ha visto la economía de esa nación desde el pasado 18 de abril, reconociendo que los daños ascienden a USD $1.180,6 millones.
Sin embargo, esta cuantificación fue realizada considerando únicamente el sector transporte y turismo, a pesar de que el comercio y la construcción son también esenciales en la economía del país y se ha visto severamente afectado desde entonces.
Por su parte, los empresarios vaticinan un mal augurio si se intensifica la violencia en las protestas de Nicaragua en lo que queda de 2018. La actividad económica se podría contraer un 4 %, lo que representaría una pérdida de USD $1.214 millones en valor agregado.
Esto trae consigo que al menos 119 mil 567 personas hayan perdido sus puestos de trabajo, según estimaciones del régimen de Ortega, aunque ciertas instituciones privadas, como el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), aseguran que ese número asciende a 347 mil.
Emigrar, la única opción que vislumbran los nicaragüenses
El desempleo y la falta de opciones han llevado a los ciudadanos de Nicaragua a buscar nuevas oportunidades en otras fronteras.
Este éxodo masivo, pero silencioso, se ha hecho notar en el país vecino: Costa Rica. Muchos han pasado por la frontera en cruces legales, e inclusive por rutas clandestinas que evitan a los organismos de seguridad nicaragüenses.
Las solicitudes de asilo en Costa Rica por parte de nicaragüenses han llegado a 24 mil en lo que va de año. Un incremento notable, al comparar con las 6 mil 300 que recibió en su totalidad, de diferentes nacionalidades, el país tico en el año 2017.
Se estima que al menos un décimo de la población de Nicaragua ha dejado el país, pasando a ser el éxodo más importante en su historia. Sin embargo, la falta de cifras y la migración de venezolanos han logrado que este sea poco considerado por quedarse corto en comparación.
Esta cantidad de migrantes ha colapsado las capacidades que tiene Costa Rica. Las citas para justificar los asilos son otorgadas a seis meses de la solicitud y ciertas agencias de la Organización de Naciones Unidas han tenido que prestar sus servicios y sus oficinas para apoyar a los funcionarios.
Costa Rica, por su parte, ha demostrado tener los brazos abiertos para recibir a los nicaragüenses que huyen a pesar de pequeños focos de xenofobia que se han registrado entre los costarricenses.
“Hago un llamado a la calma, a la paz, a actuar con prudencia, a no caer en provocaciones o llamados al odio”, dijo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. “Debe prevalecer la sensatez, la prudencia, la inteligencia y la solidaridad”.
