El Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado Georgia por su polémica nueva ley electoral que impone restricciones al sistema de votación.
En un comunicado, el fiscal general Merrick Garland señaló que “hoy (viernes), el Departamento de Justicia está demandando al estado de Georgia. Nuestra queja alega que los cambios recientes en las leyes electorales de Georgia se promulgaron con el propósito de negar o restringir el derecho de los afroamericanos a votar debido a su raza o color, en violación de la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales”.
Según la ley de Georgia S.B. 202, aprobada en marzo de este año, las restricciones recaen sobre las minorías, de acuerdo con reclamos de grupos que defienden el derecho al voto. La crítica señala que la ley impone requisitos de identificación de votantes para boletas de ausencia, así como limitaciones al voto por correo, además de la distribución de agua o comida en las filas para votar.
Dicha acción se traduce como la primera por parte del Departamento de Justicia respecto a la influencia de las leyes estatales en el sistema electoral.
A inicio de mes, Garland apuntó a 14 “nuevas leyes que hacen que sea más difícil votar”.
Congreso
Los republicanos del Senado se unieron el martes 22 de junio para bloquear un amplio proyecto de ley demócrata que renovaría la arquitectura de la democracia estadounidense, dando un duro golpe a los esfuerzos por anular a nivel federal docenas de leyes estatales de votación aprobadas por el Partido Republicano.
La votación de prueba, que habría despejado el camino para iniciar el debate sobre la legislación electoral, fracasó 50-50 en líneas partidistas directas: 10 votos menos de la supermayoría necesaria para impulsar la legislación en el Senado.
Se produjo después de que demócrata tras demócrata emitiera advertencias sobre el terrible estado de la democracia estadounidense, culpando al expresidente Donald Trump de socavar sus cimientos al desafiar los resultados de las elecciones de 2020, lo que llevó a sus partidarios en numerosas legislaturas estatales a aprobar nuevas leyes que revierten el acceso a las boletas.
