La figura del presidente Joe Biden se ha visto bajo una lluvia de críticas luego de no extender el programa de confinamiento domiciliario para prisioneros que inició durante el impacto de la pandemia del COVID-19.
The Hill aseguró que tanto progresistas como defensores de la justicia penal han generado presión a la administración del demócrata para derogar una política del pasado gobierno que finaliza con la conclusión de la emergencia por el brote.
“Es tan frustrante para mí que la respuesta que seguimos recibiendo de la administración es que cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, cuando termine la emergencia. Es tan sordo y cruel. Las personas se están volviendo a conectar con sus familias y están consiguiendo trabajos, por lo que necesitan saber si el gobierno los va a devolver a la cárcel”, manifestó Holly Harris, presidenta y directora ejecutiva de Justice Action Network.
Por su parte, la representante demócrata Bonnie Watson Coleman, encargada de una carta firmada por 28 demócratas del Congreso el pasado mes de abril, indicó que “está decepcionada de que no haya extendido oficialmente el programa de confinamiento domiciliario”.
Reforma policial
El acuerdo bipartidista en el Congreso sobre la reforma policial tiene fecha límite. De acuerdo con POLITICO, funcionarios marcaron el calendario a finales de junio e inicios de julio como plazo tope.
“Después de meses de trabajar de buena fe, hemos llegado a un acuerdo sobre un marco que aborde los principales temas de la reforma policial bipartidista”, comentó el senador demócrata Cory Booker, junto al republicano Tim Scott y la representante demócrata Karen Bass, quienes figuran como los principales negociadores de la reforma policial.
“No se acuerda nada hasta que todo esté acordado”, manifestó el grupo en un comunicado conjunto. Asimismo, se comprometieron a trabajar más “durante las próximas semanas”.
“Veremos qué pasa cuando suceda”, indicó Booker a POLITICO.
