Joe Biden visitó el sureste de Washington DC en enero de 2015 para llevar a cabo un deber vicepresidencial por excelencia: inspeccionar una obra pública masiva en las orillas del río Anacostia, para promocionar la agenda de infraestructura de la Casa Blanca.
Pero se desvió del tema cuando la delegada Eleanor Holmes Norton bromeó diciendo que su estado natal de Delaware “no era mucho más grande que el Distrito de Columbia”.
“¡Deberías ser un estado!”, expresó Biden en respuesta. Luego agregó: “No estoy haciendo una declaración por la administración, estoy haciendo una declaración por Joe Biden”.
Seis años después, Joe Biden es él mismo la administración, con un Congreso de mayoría demócrata y un panorama político en rápida evolución que ha impulsado la estadidad de DC en la lista de prioridades demócratas; después de que fue aprobada por la Cámara de Representantes por primera vez el año pasado.
El tema, que alguna vez fue un sueño fantasioso de los activistas locales, ahora goza de casi unanimidad dentro del Partido Demócrata. Muchos congresistas demócratas lo mencionan en la misma compañía que otras prioridades, colocándolo en el centro de una batalla interna sobre la posibilidad de cambiar las reglas del Senado para permitir que se apruebe la legislación -que convertiría a DC en un estado- con una mayoría simple.
La estadidad de DC probablemente resultaría en dos senadores demócratas adicionales, cambiando la dinámica en una Cámara Alta donde los miembros de los estados rurales conservadores pueden ejercer una influencia desproporcionada en las votaciones, los tribunales federales y las nominaciones presidenciales.
Los partidarios de la estadidad también han presentado la propuesta para DC como un elemento crucial del movimiento de justicia racial.
“Hay una atmósfera en la que la democracia está en el aire: la necesidad de proteger la democracia y promover la democracia”, dijo Wade Henderson, quien dirige la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos
La estadidad de DC, dijo Henderson, es parte de “un paquete de remedios que realmente son absolutamente esenciales si se protegerá la democracia estadounidense”.
Los líderes republicanos se están movilizando contra el impulso de la estadidad, argumentan una “toma de poder” partidista por parte de los demócratas que, según dicen, simplemente están teniendo problemas para ganar suficientes elecciones para avanzar en su agenda.
La lucha está llegando al Capitolio: el Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara Baja convocará una audiencia el lunes sobre un proyecto de ley de estadidad; y el líder de la mayoría, el demócrata Steny H. Hoyer (Md.) dijo en una entrevista que espera que el proyecto de ley sea aprobado antes del verano.
Los defensores de la estadidad aún enfrentan grandes obstáculos: aún no tienen 51 votos dentro del Senado; y mientras se mantenga la regla que requiere un margen de mayoría más amplio, se necesitará más apoyo.
La legislación sobre la condición de estado, tal como la redactó Norton, reduciría el distrito federal a un enclave de dos millas cuadradas de edificios federales, incluida la Casa Blanca, el Capitolio y la Corte Suprema. El resto del área se convertiría en el estado número 51: el estado de Washington, Douglass Commonwealth, en honor al abolicionista Frederick Douglass.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó el jueves que Biden cree que los residentes de DC merecen representación y favorecen la estadidad.
Muchos defensores aplaudieron la decisión de Biden de nombrar a una defensora abierta y nativa de DC, Susan Rice, como su principal asesora de política nacional.
El senador Thomas R. Carper (D-Del.), un aliado cercano de Biden que en enero presentó el proyecto de ley de estadidad de DC en el Senado por quinto Congreso consecutivo, dijo que ha hablado varias veces con Biden sobre infraestructura, pero no sobre la estadidad de DC.
“Pero el 117º Congreso aún es joven y tendremos muchas oportunidades”, dijo Carper.
La primera vez que el proyecto de ley sobre la estadidad se sometió a votación en la Cámara Baja, en 1993, más de 100 demócratas y todos los republicanos menos uno votaron en contra, un reflejo de la poca tracción que tuvo la causa más allá de las fronteras de DC.
Fuente: Mike DeBonis y Meagan Flynn/The Washington Post.
Traducción libre del inglés.
