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Estados Unidos ya no puede deportar personas por estar indocumentadas

MIGRACIÓN. Alejandro Mayorkas criticó las políticas de redadas con fines de deportación. | Foto de archivo.

Los oficiales de inmigración ya no pueden detener y deportar a personas de Estados Unidos solo porque están indocumentadas. La normativa forma parte de las nuevas pautas de arresto y deportación de migrantes establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional, que fue promulgada el 30 de septiembre, pero que entró en vigor el lunes.

En las Directrices para la aplicación de la ley inmigración civil —que fueron estipuladas en un memorando al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) , la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración— reconoce que hay más de 11 millones de indocumentados en el país, pero que no “tenemos los recursos para aprehender, buscar y deportar a cada uno de esos no ciudadanos”. Aún así, considera que es necesario “determinar a quién priorizar para la acción de aplicación de la ley de inmigración”.

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“Al ejercer esta discreción, nos guiamos por el conocimiento de que hay personas en nuestro país que han estado aquí durante generaciones y han contribuido al bienestar de nuestro país (…) Mientras nos esforzamos por brindarles un camino hacia el estatus, no trabajaremos en conflicto gastando recursos buscando eliminar a aquellos que no representan una amenaza y, de hecho, fortalecer a nuestra Nación”, explicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado de prensa de septiembre cuando se anunciaron las directrices.

¿Por qué es importante? Las nuevas pautas marcan un cambio en la política de inmigración de Estados Unidos que puede salvar a muchos de los inmigrantes indocumentados que estaban en riesgo de deportación bajo la administración Trump, que había permitido el arresto de cualquier persona que resida ilegalmente en el país.

Prioridades de deportación. Las nuevas pautas se centran en el arresto y deportación de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional y fronteriza, así como la seguridad pública. Hace énfasis en que cada caso debe ser estudiado para determinar si pertenecen a alguna de esas categorías de seguridad.

  1. Amenaza a la seguridad nacional. Una persona que no es ciudadana que participe o sea sospechoso de terrorismo o espionaje, o relacionado con el terrorismo o actividades relacionadas con el espionaje, o que representen un peligro para la seguridad nacional, es una prioridad para aprehensión y deportación.
  2. Amenaza a la seguridad pública. Una persona que no es ciudadana y que representa una amenaza actual para la seguridad pública, generalmente debido a una conducta delictiva grave, es una prioridad para su detención y deportación. Esta categoría requiere “una evaluación del individuo y la totalidad de hechos y circunstancias”. Tiene además factores agravantes como la forma en la que se cometió la conducta delictiva.

    La guía además indica: “La pregunta primordial es si el no ciudadano plantea una amenaza actual para la seguridad pública (…) La decisión de cómo ejercer la discreción de la fiscalía puede ser complicada y requiere un trabajo de investigación. Nuestro personal no debe basarse únicamente en el hecho de una condena o en el resultado de una búsqueda en una base de datos”.
  3. Amenaza a la seguridad fronteriza. Una persona no ciudadana representa una amenaza para la seguridad fronteriza si: son detenidos en la frontera o puerto de entrada mientras intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, o son detenidos en los Estados Unidos después de ingresar ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020.

Otros puntos para considerar. La guía señala que la raza, religión, orientación sexual, identidad de género y nacionalidad en ningún momento son factores decisivos para tomar acciones al respecto. “Debemos asegurarnos de que las acciones de ejecución no sean discriminatorias y no conduzcan a resultados no equitativos”, afirma.

  • Los oficiales, en la mayor medida posible, obtendrán y revisarán todos los antecedentes penales, antecedentes administrativos y cualquier otra información de investigación disponible, para incluir factores tanto agravantes como atenuantes, al tomar sus decisiones de ejecución.
  • El Departamento de Seguridad Nacional asegura que los oficiales reciben capacitación continua sobre las pautas y participan en sesiones de grupos pequeños para garantizar la aplicación constante de las pautas en todo el país. Los oficiales también están recibiendo capacitación continua en línea y en persona para asegurar una implementación efectiva.

Con información del Department of Homeland Security.

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