La Junta Editorial del Financial Times
“Ha sido una semana compleja”, escribió Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook. Esto es obviamente un eufemismo. El lunes, hubo una interrupción de las tres aplicaciones principales de la empresa, congelando el acceso a las cuentas durante más de seis horas para 3,500 millones de usuarios. El martes, una exempleada denunciante alegó ante el Congreso que Facebook prioriza intencionalmente los ingresos por interacción en línea por encima de evitar un daño a sus clientes. Tan vergonzoso como puede haber sido para Facebook lo primero, es esto segundo lo que tendrá mayores consecuencias.
Frances Haugen, antigua empleada del “departamento de integridad cívica” de Facebook, detalló ante el Congreso cómo la empresa impulsa contenido diseñado para provocar respuestas fuertes, atrayendo a los usuarios a compartir publicaciones y permanecer en la plataforma, donde son bombardeados con publicidad. Que las redes sociales manipulan las divisiones sociales para lograr clics y hacen que los adolescentes se sientan peor respecto a sí mismos, no son afirmaciones nuevas. Lo que parece novedoso es el consenso bipartidista, el cual no debe desperdiciarse, de que se debe hacer algo para frenar el poder de las redes sociales. El problema es determinar qué se puede hacer.
Los legisladores lo denominan el momento “tabacalero” de Facebook, similar a cuando Estados Unidos decidió recortar las riendas a los fabricantes de cigarrillos, a pesar de que la industria afirmaba que sus productos no causaban daños graves. En lugar del tabaco, puede ser más apropiado pensar en el azúcar; una comparación que de hecho hizo un ejecutivo de Facebook en 2019. Se sabe que el azúcar es poco saludable, adictiva y abundante. Pero no está prohibida, aunque los niños estadounidenses consuman demasiada.
Ahora parece inevitable una supervisión más estricta. El Congreso está considerando opciones, desde endurecer las leyes de privacidad hasta fortalecer la mano de los organismos de control antimonopólico. Facebook, con evidente interés propio, ha intentado posicionarse para ayudar a dar forma a nuevas reglas. Zuckerberg ha roto filas con sus pares para respaldar la reforma (parcial) de la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996, la cual actualmente otorga inmunidad a las plataformas tecnológicas ante demandas por contenido generado por usuarios.
Pero el problema más importante es determinar si basta con encajar el mundo de las redes sociales dentro de las leyes y regulaciones existentes. Los reguladores antimonopolio y de mercados pueden pensar que tienen terreno fértil de sobra: Haugen también interpuso una demanda ante la autoridad del mercado de valores acusando a Facebook de presentar incorrectamente ciertas cifras clave de su desempeño. Aboga allí por obligar a Facebook a revelar los algoritmos que determinan cual contenido ven los usuarios. Esa es una propuesta con mérito que elude cuidadosamente los argumentos sobre la vigilancia de la libertad de expresión que empantanan los debates respecto a si debe ser más férrea la supervisión de contenidos.
Pero, ¿con quién debería verse obligada Facebook a compartir algoritmos? Debemos considerar la creación de un nuevo regulador para el sector. Las redes sociales ya no son agentes novedosos del mercado que necesitan protección ante la extrema regulación. Son parte de una economía digital donde los datos personales se comercializan por conveniencia. Y sin embargo no están sujetos a la supervisión sectorial aplicada a sectores similares en este aspecto como la banca. Es notable que en la industria altamente regulada de las finanzas, en la cual Facebook intentó incursionar, implementó una respuesta coordinada a nivel mundial de los gerentes de política y los organismos regulatorios que obligó con razón a la compañía a repensar sus planes de lanzar una moneda digital.
Después del testimonio de Haugen, Zuckerberg, a través de una publicación de Facebook, respondió a la “falsa imagen ” que, según él, fue presentada. Solicitó al Congreso que determine si debería haber una edad mínima, legal para el uso de la internet. Los límites de edad, y cómo supervisarlos, son puntos legítimos para debatir en el Congreso. Pero Haugen ha planteado un rango más amplio de temas sobre los cuales el poder legislativo podría actuar. Tiene razón al opinar que Facebook no cambiará a menos que el Congreso actúe.
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