(c) 2021, The Washington Post - Mary Beth Sheridan
En un intento por reparar su deteriorada relación de seguridad, altos funcionarios estadounidenses y mexicanos se reunirán el viernes para aprobar una revisión a la Iniciativa de Mérida, un pacto que ha canalizado miles de millones de dólares en ayuda a México, pero que no logró frenar el tráfico masivo de drogas y el derramamiento de sangre que crece en una espiral sin control.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado en repetidas ocasiones el acuerdo de seguridad de hace 13 años, diciendo que promueve una ineficaz "guerra contra las drogas". Pero sus asesores dicen que el experimentado líder izquierdista vio pocas posibilidades de renegociarlo con el presidente Donald Trump, quien sugirió enviar al ejército estadounidense para combatir el narcotráfico en México. López Obrador considera que la política de drogas del presidente Biden, con su énfasis en el tratamiento y la prevención, proporciona un espacio político para un reinicio, dijeron los asesores.
Los homicidios en México se mantienen a tasas históricamente altas, mientras que las muertes en Estados Unidos por el consumo de fentanilo traficado a través de la frontera se han disparado.
"No podemos decir que sea culpa de la Iniciativa de Mérida", dijo al Washington Post Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Cancillería mexicana. “Pero también es absurdo ver estos resultados y decir: 'Sigamos haciendo lo mismo'. "
Los funcionarios dijeron que la renovada iniciativa, denominada “Marco Bicentenario” pondrá mayor énfasis en reducir la violencia en México, combatir el consumo de drogas en ambos países y abordar el tráfico de armas, el lavado de dinero y el flujo de químicos utilizados para la preparación de fentanilo y metanfetaminas.
Pero el efecto principal del nuevo acuerdo puede ser político. López Obrador ha sido cauteloso con una iniciativa que está estrechamente asociada con el expresidente Felipe Calderón, cuyo despliegue del ejército para combatir a los narcotraficantes se volvió impopular a medida que aumentaba la violencia.
La administración Biden, por su parte, ha tratado de romper con el enfoque de la administración Trump en la migración irregular como el tema principal de la relación.
"La relación bilateral durante los años de Trump se redujo radicalmente, tanto temática como estructuralmente", dice Dan Restrepo, quien fue el principal funcionario para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de 2009 a 2012. "Y lo que estamos viendo ahora es una lenta re-expansión”.
Aunque la migración no es el tema central del viaje, es probable que el asunto surja durante una reunión de desayuno el viernes por la mañana entre López Obrador y el secretario de estado Antony Blinken, dicen las autoridades. El fiscal general Merrick Garland y el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, viajaron a México para unirse a Blinken. El encuentro llega en un momento difícil de las relaciones de seguridad entre los vecinos.
México enfureció en octubre pasado cuando el gobierno de Estados Unidos arrestó por narcotráfico en Los Ángeles a su exministro de defensa, el general Salvador Cienfuegos. El Departamento de Justicia finalmente abandonó el caso, pero de todas formas las autoridades mexicanas tomaron represalias, alegando que agentes estadounidenses habían llevado a cabo una investigación delicada a sus espaldas. El gobierno aprobó una ley en diciembre que limita el campo de actividad en México de los agentes de Administración Antidrogas de EEUU (DEA por sus siglas en inglés).
Por su parte, los funcionarios estadounidenses se sienten frustrados por los ataques de López Obrador contra la DEA y su enfoque poco convencional hacia el tráfico de narcóticos. El líder mexicano ha declarado que usar la fuerza contra los cárteles "no resuelve nada" y ha puesto mayor énfasis en los programas sociales para evitar que los jóvenes se unan a los grupos del crimen organizado. El número de arrestos por parte del ejército mexicano a sospechosos de narcotráfico se desplomaron de 9.052 en 2019 a 6.673 el año pasado, y ha habido únicamente 3.224 detenciones en la primera mitad de 2021. Entretanto, las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos se han duplicado en el último año.
Las tensiones entre las partes volvieron a manifestarse la semana pasada cuando la directora de la DEA, Anne Milgram, declaró a la prensa que le solicitó al fiscal general de México "que podamos participar en actividades policiales conjuntas con las fuerzas del orden público mexicanas, que México tome más en serio las extradiciones... y que tengamos acceso a información sobre financiamiento ilícito y otras pruebas esenciales que necesitamos” para combatir al crimen organizado.
Una preocupación clave para la DEA es lo que los funcionarios describen como largas demoras en la obtención de visas mexicanas para los agentes asignados al país. CNN informó esta semana que casi dos docenas de agentes se han visto afectados. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el tema, Blinken dijo el viernes: "Hablaremos más sobre México en México".
La Iniciativa de Mérida, lanzada por el presidente George W. Bush y Calderón, se entendió inicialmente como un pacto transformador con un país que había tenido una fría cooperación de seguridad debido a la larga historia de interferencia estadounidense. Al principio, el acuerdo proporcionó cientos de millones de dólares para aviones, helicópteros y otros equipos para las fuerzas de seguridad mexicanas. Finalmente, la ayuda se convirtió en asistencia técnica y capacitación para la policía y el sistema judicial. En total, Washington ha asignado más de $3 mil millones a la iniciativa.
"El verdadero avance de la Iniciativa de Mérida fue tratar de enmarcar estos problemas crónicos de la violencia y el narcotráfico como amenazas y desafíos comunes que debíamos trabajar en conjunto", dijo Eric Olson, especialista en asuntos judiciales en México y Centroamérica que trabaja para la Fundación Internacional de Seattle. Al final, dijo, "muchas cosas no salieron bien".
México apenas gasta uno por ciento de su producto interno bruto en seguridad y no ha logrado crear un sistema policial ni judicial que funcione de manera profesional y eficaz. El crimen organizado ha crecido más allá del tráfico de drogas a sectores como la extorsión, el tráfico de migrantes y el secuestro, ganando un control cada vez mayor sobre el territorio. Mientras tanto, los funcionarios mexicanos se quejan de que las armas estadounidenses han inundado el país, desencadenando las matanzas.
Los funcionarios dicen que el nuevo acuerdo conservará porciones de la Iniciativa de Mérida que tuvieron éxito y, al menos en el corto plazo, dependerá del mismo financiamiento. Pero las partes están elaborando un plan de acción que se espera esté completo para finales de este año y que cambiaría las prioridades.
Los nuevos elementos podrían incluir planes para detectar mejor los envíos ilegales de materiales químicos que llegan a los puertos mexicanos, más capacitación forense para ayudar a los mexicanos a resolver casos de homicidio y esfuerzos conjuntos para reducir el tráfico y consumo de drogas.
Ricardo Márquez Blas, exfuncionario de seguridad de alto rango, dijo que era tarde en el mandato de seis años de López Obrador para comenzar tales iniciativas, que a menudo toman tiempo para implementarse. "Estamos en el tercer año. ¿Cuánto tiempo llevará lanzar un nuevo programa?" manifestó.
Olson dijo que el desafío está en que dos gobiernos que tienen agendas diferentes y sospechas mutuas encuentren intereses comunes. "¿Cómo van a trabajar juntos en un entorno que, hoy en día, es mucho menos optimista que en 2006 y 2007?" preguntó.
Información de la Autora:
Mary Beth Sheridan es corresponsal del Washington Post para México y Centroamérica. Sus previos despachos extranjeros incluyen: Roma, Italia; Bogotá, Colombia; y una temporada de cinco años en México en los 1990s. También ha cubierto temas de migración, seguridad nacional y diplomacia para el Post, y sirvió como editora extranjera adjunta entre 2016 y 2018.
Lea el artículo original aquí.
